La Corte Suprema de Justicia colombiana anuló el viernes una acusación de la Fiscalía en contra del ex ministro del Interior Sabas Pretelt, al considerar que el proceso lo debió llevar directamente el Fiscal General y no uno de sus delegados.

En Colombia los altos funcionarios y ex funcionarios gozan de fuero constitucional y, por tanto, sus procesos deben ser llevados directamente por el Fiscal General de la Nación.

Pretelt fue ministro del Interior entre 2003 y 2006, bajo el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010).

Con la anulación, ahora el proceso en contra de Pretelt pasa directamente a la oficina de la Fiscal General Viviane Morales, que deberá ella misma decidir si acusa a Pretelt ante la Corte Suprema o archiva el proceso.

La decisión de la Corte Suprema retrasa una sentencia definitiva en el caso del ex ministro.

En una audiencia pública en la jornada en la sede del alto tribunal, el magistrado José Luis Barceló explicó que la decisión fue tomada luego de que la mayoría de integrantes de la Sala Penal considerara inconstitucional que Pretelt hubiera sido acusado por el entonces vicefiscal Fernando Pareja, y no por Guillermo Mendoza, quien para mayo de 2010 fungía como Fiscal General de la Nación.

Pretelt, de 65 años, había sido acusado por el vicefiscal por el delito de "cohecho" o aceptar u ofrecer favores como funcionario público a cambio de algo.

A principios de 2008, la ex representante a la Cámara Yidis Medina dijo en varios medios de comunicación que cuatro años atrás, en su calidad de congresista, funcionarios del gobierno de Uribe "compraron" su voto y el de otros de sus colegas para que votaran favorablemente por el proyecto de ley que en ese momento buscaba autorizar la reelección del entonces mandatario.

Producto de esa autoincriminación, Medina fue condenada en junio del 2008 por la Corte Suprema de Justicia a 48 meses de prisión por el delito de cohecho propio.

Por el caso de la ex congresista, conocido en Colombia como el escándalo de la "yidispolítica", la Fiscalía también tiene procesados a otros dos importantes funcionarios del gobierno Uribe: Diego Palacio, ex ministro de la Protección Social, y Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia.

Pretelt, Palacio y Moreno, según Medina, le habrían ofrecido cargos públicos a cambio de que votara a favor del proyecto de ley de reforma constitucional que permitiera la reelección.

Los tres ex funcionarios siempre han negado tales ofrecimientos.

En tanto, y también por los dichos de Medina, contra Uribe cursa una indagación previa en la llamada Comisión de Acusación, de la Cámara de Representantes, la instancia que según las leyes aquí puede investigar a un jefe de Estado. La Comisión no se ha pronunciado de fondo sobre el caso.