La ex primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko, acusada de abuso de poder y malversación de fondos públicos, rechazó hoy a sus abogados a los que, según ella, el juez no les dio tiempo suficiente para leerse el sumario.

"El juez hizo imposible que se me otorgue el derecho a tener una defensa que me corresponde", declaró Timoshenko al presentar a la corte su rechazo a sus abogados Nikolaí Siry y Alexandr Pajotniuk, según la televisión local.

El magistrado Rodión Kiréyev quien preside el juicio dio tres días de plazo para que la defensa leyera los expedientes que comprenden alrededor de cinco mil páginas, denunciaron los abogados de Timoshenko, que habían pedido dos meses para hacerlo.

Con anterioridad, el juez retiró a otro abogado, Serguéi Vlásenko, por desacato.

El juicio, que ha estado salpicado por numerosas protestas de la defensa de Timoshenko y manifestaciones de sus partidarios frente a la corte, "se ha transformado en una farsa", reiteró la ex primera ministra que acusa al presidente Víctor Yanukóvich de orquestar su persecución política.

"La persecución política de la oposición empezó nada más iniciado el mandato presidencial de Víctor Yanukóvich, en marzo de 2010", afirmó en una denuncia presentada anteriormente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La ex primera ministra, que antes de lanzarse a la política fue una de las mujeres más ricas de Ucrania por sus negocios en la industria del gas, estuvo al frente del Gobierno de su país en dos ocasiones: de enero a septiembre de 2005 y de diciembre de 2007 a marzo de 2010.

Timoshenko podría ser condenada a una pena de entre 5 y 10 años de prisión si es declarada culpable de los delitos de los que se la acusa.

La fiscalía ucraniana mantiene que el Gobierno de Timoshenko, en concreto el Ministerio de Finanzas, desvió 2.300 millones de grivnas (unos 210 millones de euros) recaudados tras la venta de cuotas de emisiones de gas de efecto invernadero.

Además, a Timoshenko, entre otros supuestos delitos económicos, se le acusa de haber usado fondos estatales para financiar su campaña durante las elecciones presidenciales de principios de 2010.

También le incriminan haber firmado, sin haber estado facultada para ello, acuerdos con Rusia sobre suministros y tránsito de gas.