La situación de las cárceles de Venezuela es gravísima, con grupos criminales haciéndose con el control de muchos penales ante la ignorancia o incluso la connivencia de las autoridades, según el director del Observatorio Latinoamericano y Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.

"La realidad de las cárceles de nuestro país es que el Estado venezolano ha entregado su control a grupos armados de internos", explica hoy Prado en una entrevista con Efe en Madrid, donde está desde hace un mes con su familia "tras recibir amenazas" de muerte por sus denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en las prisiones del país caribeño.

Prado, que ha examinado la situación en cárceles de toda América, "desde Montreal a la Patagonia", subraya que la situación venezolana "se ha desbordado".

Según este activista de derechos humanos y quien fue director del Centro Penitenciario Metropolitano de Yare entre 1996 y 1997, sólo en los tres primeros meses de este año las muertes violentas en las cárceles venezolanas se han incrementado en un 26 por ciento respecto a 2010.

En 2010 murieron 476 reos y 958 resultaron heridos en las cárceles de Venezuela, con una población de reclusos según datos oficiales de 44.520 presos y una capacidad para 14.500 personas en los 34 centros.

La cifra contrasta con los 36 muertos de Brasil, con 486.000 reos; los 37 de México, con 250.000 presos, y los 16 de Colombia con 80.000 encarcelados.

A esa situación contribuyen, asevera, "la corrupción y el tráfico de armas y de drogas", que llega al extremo de que los presos puedan tener fusiles de asalto, pistolas e incluso granadas, tal y como se pudo verificar tras sucesos como los ocurridos en El Rodeo I y El Rodeo II.

Esta crisis comenzó el 12 de junio pasado con el asesinato de 22 presos en una reyerta de bandas en la prisión venezolana de El Rodeo I y continuó con el asalto por miles de efectivos de la Guardia Nacional y paracaidistas de esa cárcel y de la cercana El Rodeo II.

Los presos de esta última penitenciaría resistieron durante 26 días un cerco militar que se resolvió con otros dos policías, un militar y una decena de reos muertos.

El activista de derechos humanos refiere cómo sus denuncias y las de otros grupos habían abierto un diálogo en el que participaron incluso sendos representantes de las dos facciones carcelarias enfrentadas.

"Se pretendía resolver un problema surgido en un penal construido para 750 personas y que en el momento de los hechos tenía más de 3.400 internos", recuerda.

Lo que ocurrió, según Prado, es que, "tras alcanzar un principio de acuerdo, al día siguiente, atacaron el penal 3.500 guardias nacionales y 400 paracaidistas".

Tras el asalto, los agentes "sacaron ocho fusiles automáticos livianos, sesenta pistolas, diez granadas, televisores plasma y bebidas alcohólicas", señala Prado, quien se asombra de que las autoridades aún responsabilicen a los familiares de los presos del suministro de tales arsenales.

"Es preciso que sean los Gobiernos regionales los que asuman la seguridad de las cárceles", además de "restaurar las condiciones mínimas, como buena alimentación, agua potable, buen servicio médico, clasificación por grado de peligrosidad, edad y sexo", y "la proporcionalidad entre el número de funcionarios de seguridad y el de internos", señala.

"Según los estándares de Naciones Unidas, por cada diez internos debe haber un funcionario de seguridad; en Venezuela por cada 120 internos hay un solo funcionario", sentencia.

Prado destaca que su grupo y la Universidad Católica Andrés Bello han concluido un estudio en el que se ha investigado medio siglo de cárcel en Venezuela, entre 1958 y 2008.

"Hubo 35 ministros del ramo en cincuenta años. La media de responsabilidad fue de un año y cuatro meses en su gestión de las cárceles. Es imposible que en ese tiempo se haga una gestión adecuada", afirma.

En Venezuela, apunta, con la Administración del presidente Hugo Chávez "ha habido doce ministros de justicia y 17 directores de prisiones, cada uno con un plan diferente bajo el brazo".

En consecuencia, las cárceles venezolanas "se erigen sobre la corrupción, el tráfico de droga, el clientelismo y el trafico de influencias", con numerosos casos de "ejecuciones sumarísimas de presos y torturas", dice Prado.

"Ayer mismo -asegura- se produjo en el penal de Uribana un 'coliseo', una pelea-espectáculo con armas blancas entre presos. Hubo 35 heridos. Lo peor es que quienes hacen las apuestas en las galerías superiores, desde donde se divisa la 'arena', son los propios guardias".

Juan Antonio Sanz