El Vaticano tomó la medida excepcional de retirar el lunes a su nuncio de Irlanda, tras las acusaciones de que la Santa Sede saboteó las acciones de los obispos católicos para denunciar ante la policía casos de curas pederastas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Eamon Gilmore, citó hace dos semanas al nuncio y arzobispo Giuseppe Leanza y le exigió una respuesta oficial del Vaticano. La Santa Sede dijo que la presentaría "en el momento oportuno", pero no lo ha hecho hasta la fecha.

El Vaticano reconoció que la convocatoria al nuncio para consultas era una medida excepcional que la Santa Sede adopta pocas veces, lo cual subraya la "gravedad de la situación".

La medida tiene como objetivo principal las consultas directas para preparar la respuesta oficial del Vaticano, pero "no excluye cierto grado de sorpresa y decepción ante ciertas reacciones excesivas", dijo el portavoz adjunto, padre Ciro Benedettini, ante preguntas de la prensa.

Las repercusiones de un escándalo de larga data en Irlanda se han exacerbado a tal grado que los legisladores locales han censurado sin precedentes la influencia de la Santa Sede en el país, donde el catolicismo es predominante.

El primer ministro Enda Kenny censuró la semana ante legisladores lo que describió como "la disfunción, la desconexión, el elitismo — y el narcisismo — que dominan la cultura del Vaticano hasta la fecha".

Se trata de la primera vez en los últimos 17 años de escándalos escenificados por sacerdotes pederastas en Irlanda en que los parlamentarios se han enfrentado al Vaticano en lugar de hacerlo con la jefatura eclesiástica local.

Las revelaciones sobre abusos generalizados han erosionado la autoridad católica en una nación donde la Iglesia aún es dueña de la mayoría de las escuelas y varios hospitales, y algunas emisoras estatales aún difunden dos veces al día el llamado a la oración católica.

En una carta confidencial del Vaticano fechada en 1997 — y cuyo contenido difundió en enero The Associated Press — se ordenaba a los obispos irlandeses que se ajustaran al derecho canónico cuando afrontaran casos de pederastia.

En la misiva se advertía a los obispos que violaba el derecho canónico la política que habían adoptado en 1996 para la protección de los niños, especialmente la que ponía énfasis en la necesidad de comenzar a denunciar a todos los sospechosos ante la policía.

Kenny dijo que el derecho canónico "carece de legitimidad y no tiene cabida en los asuntos de este país".

El primer ministro dijo que intensificará sus demandas para la aprobación de leyes nuevas que conviertan en un crimen retener las pruebas de pederastia, aun si la información fue conseguida mediante la confesión del sacerdote.