Unos 189 indígenas están acusados de terrorismo, sabotaje o delitos contra la seguridad del Estado en Ecuador, según el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), que acusó hoy al Gobierno de usar esos cargos "como medida de control social".

Uno de los afectados es Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, una de las organizaciones indígenas más importantes del país, quien está acusado de terrorismo por participar en una marcha en 2010 junto con otros 3.000 indígenas en la que hubo un enfrentamiento con la policía.

"Este gobierno ha declarado la guerra contra los indígenas para callarnos la boca, para aterrorizarnos", denunció Tenesaca en un encuentro hoy con la prensa.

El Ministerio de Justicia no respondió a una petición de Efe de responder a las alegaciones, mientras que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha rechazado en el pasado cualquier persecución política contra el movimiento indígena.

"Qué hagan lo que les de la gana. Estamos en Estado de Derecho, donde se juzga de acuerdo con el debido proceso y de acuerdo a las leyes", ha dicho.

Correa llegó al poder con el apoyo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más importante del país, pero a raíz de proyectos de extracción minera y petrolera ésta rompió con el mandatario, con el que mantiene actualmente una relación antagónica.

Según Francisco Hurtado, un investigador del CDES, el Gobierno "ha vuelto delitos acciones de movilización" y presenta cargos de terrorismo o sabotaje cuando hay interrupción de los servicios públicos o corte de carreteras, que son prácticas habituales de protesta usadas por los movimientos sociales en el país.

De los 189 indígenas encausados, tan solo ocho han sido condenados por el intento de toma del campamento de una minera que acaparaba el agua en la cabecera de un río en el municipio de Nabón, en la provincia sureña de Azuay, explicó Hurtado.

La defensa de los ocho, que deben cumplir penas de entre siete y ocho años de cárcel y están prófugos, mantiene que se les debe aplicar la amnistía decretada en 2008 por la Asamblea Nacional para este tipo de acusaciones y que por tanto tiene que anularse el proceso contra ellos.

Por su parte, Tenesaca señaló que el proceso contra él está en fase de investigación y que la fiscalía ha pedido a cinco medios de comunicación la entrega de vídeos de los acontecimientos de ese día.

También está encausado por esos hechos el entonces presidente de la Conaie, Marlon Santi.

El vicepresidente de esa organización, José Acacho, se encuentra en la misma situación y llegó a ser encarcelado brevemente en febrero bajo cargos de terrorismo y sabotaje por instigar una manifestación en 2009 en la que murió el profesor indígena Bosco Wisuma.

Una jueza ordenó su liberación tras determinar que la detención era "ilegal y arbitraria".