La Audiencia Nacional española confirmó hoy el archivo decretado por el juez Ismael Moreno sobre un caso de envenenamiento con un jarabe que causó la muerte de más de un centenar de personas en Panamá en el año 2003.

El tribunal desestimó de esta forma el recurso presentado por los afectados y la Caja de Seguro Social de Panamá contra el archivo decretado por Moreno, que sobreseyó la causa provisionalmente al entender que la empresa farmacéutica española contra la que se querellaron las víctimas fue una "mera intermediaria comercial".

Los hechos ocurrieron en 2003 cuando la Seguridad Social de Panamá sacó a concurso la compra de 9.000 kilos de glicerina para elaborar un jarabe que distribuyó de forma gratuita y cuya licitación correspondió a la empresa panameña Grupo Comercial Medicom, que a su vez pidió el producto a la española Rasfer Internacional S.A.

El problema radica en la composición de esa glicerina, que en vez de ser apto para consumo humano era de tipo industrial y contenía una sustancia venenosa (dietiglenlicol), por lo que se ha tenido que determinar si el "error" sobre la verdadera composición del producto es achacable a la distribuidora española, que compró la glicerina a una empresa china.

Según el auto judicial, el producto no fue objeto de manipulación o sustitución desde su origen hasta su destino en Panamá, donde llegó una mercancía identificada con las siglas TD (uso industrial) y con una fecha de caducidad concreta, "la cual la hace inapropiada para el consumo humano", y se falsificó la etiqueta con la denominación "glicerina ups", que determina que es apta para humanos.

"Esta es la causa real del envenenamiento masivo al margen de todo el periplo comercial existente entre las diferentes empresas vinculadas al objeto del proceso", subraya el tribunal, que insiste en que la comercial panameña, Grupo Comercial Medicom, fue la que llevó a cabo una "actuación falsaria" para que la Caja de Seguro Social adquiriera la glicerina como si fuera para consumo humano.

Al tribunal, integrado por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López, le llama "poderosamente la atención que se pretenda, nada más y nada menos, vincular a la Administración española en una actividad delictiva" desarrollada en Panamá, "y por una concreta actuación de una empresa panameña".

En el auto dictado por el juez Moreno en abril de este año y que se dio a conocer el pasado 7 de junio, el magistrado consideraba que Rasfer Internacional S.A. es "una mera intermediaria comercial" y por ello no analiza la mercancía, a lo que tampoco está obligada la empresa.

Los afectados denuncian la muerte de miles de personas a causa del dietilenglicol, aunque el Ministerio Público de Panamá ha registrado 171 muertos de un total de 223 personas que reconoce como afectadas.

En diciembre pasado, la Procuraduría General de Panamá formuló cargos contra 23 personas por este caso, incluyendo a la gerente de Rasfer Internacional.