El gobierno boliviano calificó de hipócrita a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), adscrita a la ONU, por criticar la decisión de Bolivia de objetar parte de la Convención sobre Estupefacientes de 1961 que penaliza usos tradicionales de la hoja de coca.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, refiriéndose a un comunicado divulgado por la JIFE, expresó el miércoles que: "encuentro hipocresía en algunos mensajes de ciertas instancias. No es la primera vez" en que tienden a inclinarse hacia el punto de vista externado por el gobierno de Estados Unidos.

En un comunicado del 5 de julio divulgado en su sitio web, la JIFE "lamenta" la decisión de Bolivia de retirarse de la convención antidrogas y volver a adherirse con una reserva sobre la prohibición del masticado de coca. Señala que esa medida no tiene "precedentes" y que puede socavar "la integridad del sistema global de control de las drogas".

"No es la primera vez que la JIFE actúa movida por intereses, rechazamos que se ponga en duda la vocación del Bolivia y del gobierno, de nuestro compromiso de luchar contra el narcotráfico. La comunidad internacional es testigo y reconoce los esfuerzos y los logros en esa lucha", dijo Llorenti.

La JIFE señaló en su pronunciamiento que la "medida socavaría la integridad del sistema global de control de drogas, afectando el buen trabajo de gobiernos que a lo largo de años han alcanzado las metas y objetivos de las convenciones de control de narcóticos".

La convención está vigente desde 1961 y desde entonces fijó un plazo, que ya venció sin haberse cumplido, para erradicar la costumbre de masticar coca.

Como parte de una campaña, el presidente boliviano Evo Morales se puso a masticar coca el año pasado durante una reunión de la ONU en Viena.

"Esto es una hoja de coca, no es cocaína, es parte de una cultura. No es posible que esté en la lista de estupefacientes de Naciones Unidas", dijo entonces el mandatario. Su petición de despenalizar la hoja de coca hubiera hallado eco de no haberse opuesto Estados Unidos con cuyo gobierno mantiene tensas relaciones.

Entonces, el gobierno boliviano optó el 29 de junio por denunciar la Convención de 1961 para volver a adherirse al tratado dentro de seis meses pero con la reserva de apoyar la penalización que se dicta hacia la arraigada práctica de masticar hojas de coca, explicó el canciller David Choquehuanca.

La posición de Bolivia, para tener legitimidad, debería recibir apoyo de una mayoría de los miembros, sin embargo, la JIFE en su comunicado exhortó a que "la comunidad internacional no debe aceptar ninguna propuesta en la que los gobiernos utilicen el mecanismo de denuncia y vuelvan a adherirse con reservas, con el fin de librarse de la obligación de aplicar ciertas disposiciones del tratado".

Llorenti estimó que "no es responsable especular, hay suficiente conciencia en la comunidad internacional sobre consumo tradicional de la coca".

Desde antes de los incas, los indígenas y cada vez más sectores de la población en Bolivia mastican coca o preparan infusiones con la hoja de para contrarrestar los efectos de la altura en las cumbres andinas o con otros fines medicinales. También es utilizada en rituales místicos de algunos pueblos andinos.

Una parte de las 30.900 hectáreas de cultivos de coca son destinadas a esos usos. De hecho el gobierno permite la producción generada por cerca de 20.000 hectáreas de cocales. El problema es que las cerca de 10.000 hectáreas excedentes son desviadas a la fabricación de cocaína.

La defensa de la coca ha sido la causa de las luchas de Morales desde los años 80 cuando comenzó a dirigir los sindicatos cocaleros desde donde saltó a la política.