Los bolivianos tienen opiniones divididas sobre la posibilidad de que el gobierno de Evo Morales aumente los controles de precios en los alimentos pese a que la medida no logró resultados, reveló una encuesta publicada el sábado.

Un 45% de los encuestados en las cuatro mayores ciudades del país se declaró a favor de un mayor control, mientras que un 43% manifestó su desacuerdo, según el sondeo del diario Página Siete.

El índice de aprobación se elevó a 55% en El Alto, ciudad vecina de La Paz y una de las más pobres del país, según la encuesta realizada entre el 21 y 23 de mayo sobre consultas directas a 800 personas con un margen de error de 3,4 puntos porcentuales.

El miércoles el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural fijó entre 352 y 370 dólares la tonelada de torta de soja y entre 489 y 514 dólares la harina integral, dijo la ministra Teresa Morales. El grano es alimento de los pollos cuya carne es de consumo masivo y su precio ha sufrido alzas.

A fines del año pasado y principios de este el país afrontó un aumento en los precios de los alimentos que los agroindustriales atribuyeron a una reducción en la producción por efectos climáticos pero también por los controles de precios que desincentivaron la siembra.

El aumento de precios provocó una caída en la popularidad de Morales y forzó cambios en sus planes, que apuntan a privilegiar la producción agrícola este año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo esta semana que los controles de precios aplicados por Morales son "instrumentos útiles para enfrentar situaciones inmediatas" en el corto plazo pero que a mediano plazo los mercados deben funcionar con reglas claras y libertad de precios.

El azúcar, el maíz, la soya y los aceites, entre otros, sólo pueden exportarse con autorización del gobierno y siempre que el mercado interno esté abastecido a precio justo, según un decreto de 2009.

Esa política ha provocado una caída en las exportaciones agroindustriales a pesar del objetivo del gobierno de transformar la base económica del país para depender menos de las exportaciones de gas natural y minerales, motores de la economía boliviana.