Los obispos católicos urgieron el viernes al gobierno brasileño tomar acciones para evitar nuevas matanzas en la Amazonia, tras el asesinato de cinco activistas rurales en la región desde mayo.

"Evidentemente el gobierno debe tomar todas las medidas razonables para evitar más muertes", declaró a periodistas el cardenal Raymundo Damasceno, presidente de la Confederación Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB, por sus siglas en portugués).

Al concluir el viernes la reunión del Consejo Permanente de los obispos católicos, la iglesia lamentó en un comunicado que las autoridades hubieran ignorado las amenazas de muerte contra defensores del ambiente y del derecho a la tierra para pequeños productores.

"Infelizmente muy poco fue hecho para proteger a estas familias. Los hechos son de tal gravedad que exigen la investigación con el consecuente castigo de los culpables", señaló la nota de los obispos, que reclamaron también la protección de los dirigentes agrícolas amenazados.

La Comisión Pastoral de la Tierra, adscrita a la Iglesia Católica, había alertado al gobierno sobre cerca de 200 activistas bajo amenaza de muerte en la Amazonia, principalmente de parte de pistoleros al servicio de grandes terratenientes.

Ante las muertes ocurridas desde mayo, el gobierno envió tropas federales para reforzar la vigilancia y ofrecer seguridad a algunas de las personas amenazadas, aunque admitió que no podía dar resguardo a cada uno de ellos.

"Da la impresión de que hay gente marcada para morir", advirtió Damasceno. "El gobierno ha tomado medidas, pero no puede actuar sólo cuando ocurren muertes, tiene que tomar medidas preventivas para que no ocurran más", agregó.

El comunicado de la CNBB destacó que la violencia en la Amazonia, el bosque lluvioso que cubre el norte de Brasil, evidencia la ausencia del Estado en esa región.

Los obispos urgieron también una política de reforma agraria y agrícola que respete la diversidad cultural de la región para organizar la tenencia de la tierra y evitar la violencia en la lucha por la tierra.

Un estudio del gobierno dio cuenta de 219 asesinatos de activistas rurales en los últimos 10 años en el estado amazónico de Pará, donde ocurrieron los últimos homicidios.