Los parlamentarios colombianos zanjaron hoy las últimas diferencias en torno al proyecto de ley que busca reparar a los más de 4 millones de víctimas del conflicto armado interno, con lo que este miércoles será votado en la plenaria del Congreso.

"La decisión final es acoger integralmente" el texto aprobado la semana pasada por el Senado, que difería en algunos puntos del votado en la Cámara de Representantes, explicó a los periodistas el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, tras reunirse con representantes parlamentarios de todos los partidos.

De ese consenso alcanzado se apartó únicamente el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que considera que el proyecto de Ley de Víctimas tiene graves carencias y, por tanto, prevé recurrir al derecho de revisión ante la Corte Constitucional.

El texto que será votado mañana en la plenaria del Congreso reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el país, un punto que ha sido muy criticado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Y no concede el estatus de beligerancia a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni a ningún grupo armado ilegal.

Además, establece que podrán acceder a una indemnización las víctimas de la violencia desde el 1 de enero de 1985 y que la devolución de unos 6 millones de hectáreas de tierras arrebatadas a campesinos por los grupos armados ilegales se hará a partir de 1991.

Este proyecto de Ley, además, no discrimina en la reparación a las víctimas si los victimarios fueron las guerrillas, los paramilitares o agentes del Estado.

"Todos estamos conscientes de que la Ley es necesaria", dijo hoy a Efe el senador Camilo Sánchez, del Partido Liberal, al comentar que "es voluntad de todo el Congreso sacar adelante" la norma este miércoles para que pueda ser sancionada cuanto antes por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Es una "muestra" ante el mundo de que Colombia quiere reparar a las víctimas del conflicto, "así cueste un sacrificio económico", añadió Sánchez.

El desafío ahora, como ha dicho la ONU, es cómo implementar la Ley para que las indemnizaciones lleguen a todas las víctimas, sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno aún no tiene claro a cuánto ascenderá la reparación global ni de dónde provendrán los recursos.

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, reveló que durante este 2011 se destinarán 2,2 billones de pesos (más de 1.200 millones de dólares) a la reparación de las víctimas.