La Fiscalía de Guatemala apeló hoy el fallo emitido el pasado 9 de mayo por un tribunal penal de sentencia que absolvió al expresidente Alfonso Portillo y dos de sus exministros por delitos de corrupción, y pidió que se les condene a diez años de prisión o que se repita el juicio.

El recurso de apelación fue presentado por la fiscal Eunice Mendizal, quien ha dirigido la acusación en contra del exmandatario y sus colaboradores por el desvío de 15 millones de dólares del Ministerio de la Defensa a cuentas privadas.

Mendizabal dijo a los periodistas que la Sala de Apelaciones deberá "estudiar detenidamente" las pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía durante el proceso y dejar sin efecto el fallo absolutorio ya que, a su criterio, existen suficientes elementos de prueba que demuestran su responsabilidad.

En concreto, la Fiscalía pidió condenar a Portillo y sus exministros a diez años de prisión por el delito de peculado (robo de bienes públicos), o en su defecto, ordenar la realización de un nuevo juicio por parte de otro tribunal.

El recurso de apelación fue presentado en la Oficina de Gestión Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual en las próximas horas deberá remitirlo a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones a la que corresponde conocer la petición.

Portillo, quien gobernó Guatemala entre 2000 y 2004, y sus exministros de Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente, fueron absueltos el pasado 9 de mayo de los cargos de corrupción de que eran acusados por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, en una fallo dividido dos a uno.

El recurso de apelación fue preparado por la Fiscalía con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que ha contribuido con la investigación de este caso.

Los exministros Arévalo y Maza recuperaron su libertad al día siguiente del dictarse el fallo absolutorio, sin embargo, Portillo permanece en prisión debido a que sigue en firme la autorización de otro tribunal local de extraditarlo a Nueva York (EE.UU.) donde es reclamado por delitos de lavado de dinero.

El proceso de apelación, según fuentes judiciales consultadas por Efe, puede prolongarse hasta por cinco meses, según las estrategias de la Fiscalía y la defensa.