La organización no gubernamental ecuatoriana Fundamedios y la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco pidieron a la Corte Constitucional del país que derogue las leyes que permiten los juicios penales por difamación contra el presidente y otras autoridades, según informaron hoy.

Uno de esos casos enfrenta al presidente, Rafael Correa, contra directivos y un editorialista del diario El Universo, para los que ha pedido tres años de prisión, así como una indemnización de 80 millones de dólares, por un artículo de opinión en el que se sintió injuriado.

La ley ecuatoriana establece que la persona "que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de dieciséis a setenta y siete millones de dólares".

La demanda presentada ante la Corte argumenta que esa disposición viola el derecho a la libre expresión, recogido en la Constitución ecuatoriana, así como tratados internacionales.

La Procuraduría General, que es la encargada de defender al Estado, no hizo comentarios a Efe al respecto.

Una fuente de la Corte Constitucional explicó que la secretaría general de ese tribunal estudiará si la demanda es admitida a trámite, sobre lo que se pronunciará en un plazo de entre 3 y 10 días.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en abril que "la existencia de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resulta contraria a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión".

La Comisión reaccionó con esa declaración a la querella presentada por Correa contra los periodistas de El Universo.

En el documento presentado a la Corte Constitucional, los demandantes alegan que la ley ecuatoriana "otorga injustificadamente una protección especial" al presidente y otros funcionarios de la que no goza el resto de los ciudadanos.

Argumentan que precisamente esos individuos, "al estar sujetos a escrutinio popular, deben ser más tolerantes con las opiniones que sobre ellos versen que el común de los ciudadanos".

Además, destacan que las leyes llamadas "de desacato" tienen un efecto inhibidor de la libertad de expresión, "porque traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público", según una cita de la Comisión Interamericana incorporada en la demanda.

El documento indica que aunque se abolieran las penas de cárcel por difamación, siempre quedará la posibilidad de que se presenten demandas de carácter civil, que reclaman indemnizaciones.

Recalcó que en ese caso se debe demostrar que hubo "real malicia", es decir, que el periodista tuvo intención de dañar o sabía que la noticia que difundía era falsa.