El juez español Baltasar Garzón dijo hoy en Bogotá que su objetivo como asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia será ayudar a superar las dificultades del proceso de paz para caminar hacia la "reconciliación" y una "paz justa".

"Estamos en la mitad del camino, volver atrás es imposible", comentó Garzón a los periodistas sobre la Ley de Justicia y Paz, el marco normativo que reguló la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

La labor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la OEA, donde trabajará Garzón como asesor cuando concluya su etapa como consultor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), es precisamente supervisar el desarrollo y aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

"Voy a contribuir en lo que se me pida, aportar mis conocimientos y reflexiones, dinamizar en el marco de la misión todos los temas vinculados a Justicia y Paz", explicó el juez en Bogotá, donde participó en el foro "Legislar para la paz", convocado por la Comisión de Paz del Senado, las embajadas de España, Francia y Suiza, la MAPP/OEA y la revista Semana.

Luego recordó que ha venido apoyando "desde su inicio" la norma que permitió la desmovilización paramilitar en Colombia, un ejemplo de justicia transicional "único en el mundo y con dificultades propias de su envergadura".

"Hay muchas dificultades" en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, "y ha habido cuestiones que se pueden mejorar", admitió Garzón, para quien la clave está en "definir el marco jurídico y político para que los procesos ya iniciados lleguen a conseguir el objetivo final de la reconciliación y la paz justa".

A su juicio, "ningún proceso de justicia transicional es perfecto" y "lo que hay que hacer es un cumplimiento íntegro de la ley y solucionar los problemas que se vayan planteando".

Esos problemas tienen que ver principalmente con la "falta de cooperación" de los victimarios, derivada en parte de la extradición de varios exjefes paramilitares a Estados Unidos, y con la "reserva de identidades y protección de las víctimas", anotó.

No obstante, Garzón subrayó que la justicia colombiana "está desarrollando un trabajo muy importante" y, mientras eso siga así, "no hay ningún riesgo de que la CPI" tenga necesidad de entrar a intervenir.

El pasado 18 de mayo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno de la judicatura española, concedió a Garzón la autorización para trabajar durante un año como consultor externo en la MAPP/OEA en Colombia.

Para conceder esa autorización el CGPJ tuvo en cuenta una comunicación de la OEA que indica que "el consultor no tendrá ningún tipo de inmunidad que afecte a la situación procesal que pueda tener en España".

Garzón trabaja como consultor externo de la CPI desde mayo de 2010, después de ser suspendido cautelarmente al haberle abierto juicio oral el Tribunal Supremo español por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Además, se enfrenta a otras dos investigaciones: una sobre los cobros recibidos en 2005 y 2006 durante su estancia en la Universidad de Nueva York y otra por ordenar la intervención de las comunicaciones entre varios de los imputados del caso "Gürtel", sobre corrupción que implica a altos cargos del Partido Popular, el principal de la oposición en España.