Sobrevivientes de la matanza registrada en junio pasado en Curuguaty, nordeste de Paraguay, y familiares de las víctimas ratificaron hoy el pedido de justicia al cumplirse seis meses del hecho, que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.

El reclamo fue realizado en un mitin ante la hacienda del recientemente fallecido político y empresario Blas N. Riquelme, en Curuguaty, donde seis policías y once labradores murieron el 15 de junio pasado en un tiroteo durante una operación de desalojo.

Ese matanza fue el principal detonante del controvertido juicio político promovido por el Legislativo, que concluyó con la destitución de Lugo y la asunción a la Presidencia del entonces vicepresidente, Federico Franco, el 22 de junio.

Uno de los familiares de los fallecidos, Darío Acosta, lamentó que no se les permitiera ingresar hoy durante el acto hasta el lugar donde se produjo el enfrentamiento dentro de la hacienda, cuya propiedad se disputan la familia Riquelme y el Estado.

El acto de recordación incluyó una celebración religiosa a cargo del sacerdote de Curuguaty, Antonio González, según reportó ABC Color en su edición digital.

Tras la matanza, quince campesinos fueron detenidos y acusados de los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados", mientras que los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron asesinados por "expertos tiradores" y no por los campesinos.

El pasado 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, alrededor de 1.000 activistas marcharon por el centro capitalino para exigir el esclarecimiento de ese caso.

También pidieron que se investigue el asesinato del labrador Vidal Vega, que trabajaba junto a los familiares de los campesinos que murieron en esa masacre y que fue asesinado a tiros por desconocidos el 1 de diciembre pasado a la puerta de su casa, también en Curuguaty.

Ambos casos motivaron, además, reclamos de una exhaustiva investigación emitidos por Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y autoridades en Asunción de las Naciones Unidas (ONU).