Tras cuatro años sin ejecutar a ningún convicto, Indonesia avanza hacia el fin de la pena capital, en un debate alentado por los casos de indonesios que sufren este castigo en el extranjero pero que choca con las reticencias de los sectores religiosos más conservadores.

El fusilamiento en 2008 de tres de los responsables de los atentados de Bali de 2002, en los que murieron 202 personas, y de otros siete reos fue la última ocasión en la que se empleó este castigo, que se aplica a condenados por terrorismo, asesinato o tráfico de drogas.

En los últimos ocho años, el Gobierno indonesio ha conmutado 19 condenas a muerte por penas de cadena perpetua, una medida que varios jueces han aprobado con el argumento de que la pena capital se contradice con el derecho a la vida que garantiza la Constitución del país.

"Se ha registrado un incremento del número de países que han abolido la pena capital porque no es coherente con la defensa de los derechos humanos. Indonesia también se esta moviendo en esta dirección", dijo recientemente el ministro de Asuntos Exteriores, Marty Natalegawa.

Alrededor de 100 reclusos se encuentran en el corredor de la muerte en Indonesia, algunos desde hace casi una década, a la espera de una ejecución que en el país se lleva a cabo mediante un pelotón de fusilamiento de seis hombres.

Bonar Naipospos, vicepresidente del Instituto Setara, una institución independiente indonesia dedicada al análisis religioso y político, considera que detrás de la indulgencia que muestra el Ejecutivo está la intención de conseguir clemencia para los 197 indonesios que están a la espera de ser ejecutados en otros países.

"Esta tendencia de supuesta moratoria sobre la pena capital es la voluntad de Indonesia de salvar a sus ciudadanos condenados a muerte en el extranjero", dijo a Efe el experto.

Muchos de estos prisioneros se encuentran en Arabia Saudí o Malasia, dos países en los que trabajan un gran número de inmigrantes indonesios, especialmente en el servicio doméstico.

El caso de Ruyati Binti, una limpiadora de 54 años, conmocionó a la sociedad indonesia al ser decapitada en junio de 2011 en Arabia Saudí tras ser hallada culpable de matar al dueño de la casa donde trabajaba.

Satubi fue ejecutada a pesar de asegurar que su empleador la maltrataba y que lo mató en defensa propia, una reclamación que las autoridades saudíes desoyeron al igual que la apelación oficial de clemencia del Gobierno indonesio.

Las imágenes de sus restos colgando de una cuerda de un helicóptero para escarnio público desataron la ira del pueblo indonesio y convirtieron a los indonesios condenados a muerte en el extranjero en una prioridad para la negociación diplomática del país asiático.

No obstante, la tendencia hacia la abolición de la pena capital cuenta en Indonesia con la oposición de las poderosas organizaciones islámicas, como Nahdlatul Ulama, la mayor de ellas con unos 40 millones de seguidores, que aboga por continuar aplicando la pena de muerte a los responsables de los peores crímenes.

"La ley islámica establece que aquellos que cometen crímenes que destruyen la vida merecen la muerte", asegura el líder de Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siroj.

Más del 85 por ciento de los 240 millones de indonesios son musulmanes y, según Bonar Naipospos, "precisamente, el hecho de que el Islam permita la pena de muerte como castigo superior es uno de los principales obstáculos para su abolición".

Los expertos consideran que hasta las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2014 el Ejecutivo no dará ningún paso definitivo para asegurar el fin de la pena capital en Indonesia.

Paula Regueira Leal