El embajador de Francia en Managua, Antoine Joly, manifestó hoy su respaldo a la despenalización del aborto terapéutico en Nicaragua, prohibido en el Código Penal desde 2006.

"Con el debido respeto a las convicciones religiosas y filosóficas, considero que la cuestión del aborto es tanto una cuestión de vida privada como de vida pública", anotó el diplomático en una declaración escrita, tras reunirse con representantes del local Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), que exige la restitución en la legislación nacional del aborto terapéutico.

El Parlamento nicaragüense, en el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, que ganó el actual mandatario, el sandinista Daniel Ortega, escuchó las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.

La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer".

El embajador recordó que en Francia el tema del aborto fue muy discutido en su momento y fue un Gobierno de derecha, con el apoyo de la izquierda, que propuso una nueva ley en 1974 para despenalizar el aborto.

Advirtió que el número de abortos es mayor en los países que lo prohíben, que en los países donde es autorizado y alertó que los abortos ilegales son muy peligrosos para la vida de las mujeres.

"Cada año más de 50.000 mujeres mueren en el mundo después de un aborto ilegal", detalló Joly.

"El aborto es siempre un fracaso, debe ser la última solución y no debe reemplazar una política de contracepción, pero a veces es una cuestión de salud, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero la salud es lo principal", continuó.

En su declaración escrita, el embajador expresó la solidaridad de su país con las asociaciones de mujeres de Nicaragua "que combaten contra la prohibición íntegra del aborto".

Además, saludó los esfuerzos de Nicaragua en favor de la salud de las mujeres y destacó que el Ministerio de Salud fue recompensado con el Premio América 2011 de la ONU en reconocimiento a la estrategia de las Casas Maternas que redujo la tasa de mortalidad materna en un 35 por ciento en los últimos 5 años.

La prohibición del aborto terapéutico ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización Human Rights Watch, la ONU y la Unión Europea, que han demandado una mayor discusión sobre el tema.

Un grupo de mujeres interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta prohibición en enero de 2007 ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado.

El Gobierno de Ortega se ha declarado a favor de la penalización del aborto terapéutico, al igual que el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la segunda fuerza política en el Congreso.