El 99,9 por ciento de los abortos inducidos practicados en Colombia son ilegales, señala el estudio "Embarazo no planeado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias", publicado hoy por el Guttmacher Institute y la Fundación Oriéntame.

El documento, según sus autores, es el primer trabajo en el que se hacen estimaciones sobre esta práctica, y está fundamentado en sondeos a más de 300 instituciones prestadoras de salud, más de un centenar de profesionales, encuestas nacionales de demografía y salud y otros datos arrojados por Naciones Unidas.

Se concluyó que en 2008, año objeto de estudio, se realizaron en el país 400.412 abortos inducidos, lo que representa un importante aumento en comparación con los 288.395 de 1989.

Además, indica que aunque en Colombia se ha avanzado en la disponibilidad de medios anticonceptivos, el problema de los embarazos no deseados ha aumentado de forma "dramática", pues cerca del 51 % de los nacimientos recientes en 2010 no fueron planeados, comparados con el 36 % en 1990.

Estas concepciones se suelen atajar con abortos inducidos, permitidos en Colombia en sólo tres supuestos: cuando la vida o salud de la madre está en riesgo, cuando el feto presenta una malformación y cuando el embarazo resulta de una violación o incesto, según una sentencia de la Corte Constitucional de 2006.

Sin embargo, determina el estudio, son pocas las mujeres que acceden a una interrupción voluntaria del embarazo y son muchas las dificultades burocráticas que abordan, por lo que el aborto clandestino se perfila como mejor opción en el 99,9 % de los casos.

La directora de la Fundación Oriéntame y coautora del informe, Cristina Villareal, destacó la "necesidad de eliminar obstáculos institucionales y burocráticos para las mujeres que buscan un procedimiento legal".

Estos procedimientos, que incluyen la ingesta de misoprostol, el recurso a una partera tradicional, profesionales medio capacitados y hasta la intervención de la propia madre, plantean riesgos y explican que un tercio de las mujeres que se someten a ellos necesiten atención médica.

Villareal indicó que "seis de cada diez instituciones de salud en Colombia, que tienen capacidad de dar servicios de atención postaborto no lo hacen; y cerca de nueve de cada diez de esas instituciones no ofrecen servicios de aborto legal".

Por otro lado, se estima que en 2008 se practicaron unos 400.400 abortos inducidos en Colombia, lo cual se traduce en una tasa anual de 39 abortos por cada 1.000 mujeres en edades entre 15 y 44 años, lo que en otras palabras implica que una de cada 26 colombianas sufre un aborto.

Según el estudio, esta tasa supera la media del conjunto de países de América del Sur que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó en 33 abortos por 1.000 mujeres para 2003.

En comparación con otros países latinoamericanos con leyes similares, se establece que la tasa colombiana supera la de México (33 abortos por cada 1.000 mujeres en 2006), Guatemala (24 por 1.000 en 2003) y mucho menor que la de Perú (54 por 1.000 en 2000)

A modo de conclusión, las instituciones autoras del informe recomendaron que es necesario fortalecer los servicios anticonceptivos, mejorar la cobertura y calidad de los servicios postaborto e implementar la citada sentencia para el aborto legal.

Incidieron en que se preste una atención especial a las mujeres que viven en el medio rural y en situación de pobreza, porque son las que mayores complicaciones pueden encontrar y menor posibilidad de ser tratadas.