Las empresas aún influyen en elecciones de Brasil pese al veto de donaciones

Published September 27, 2016

| EFE

Las empresas mantienen intacta su influencia sobre los candidatos a las elecciones municipales del domingo en Brasil, a pesar de que por primera vez se han prohibido las donaciones por parte del sector privado, dijeron hoy analistas.

Las donaciones empresariales siempre fueron la principal fuente de ingresos de los partidos políticos brasileños, pero la Corte Suprema les cortó esa fuente el año pasado, por considerar que fomentaba la corrupción y constituía un canal por el que el gran capital controla los resortes del poder.

La decisión del Supremo tuvo en cuenta que las constructoras implicadas en el caso de corrupción en Petrobras pagaban millonarios sobornos a los políticos precisamente a través de donaciones de campaña que, en apariencia, eran legales.

La prohibición, que luego fue refrendada por el Parlamento por medio de una ley, ha ocasionado un desplome en la recaudación por parte de los candidatos, aunque muchos aspirantes a alcalde siguen recibiendo donaciones muy generosas procedentes de ejecutivos o directores corporativos.

Según un estudio realizado por la Fundación Getulio Vargas (FGV) para el diario O Globo, de los 59 grandes donantes a los candidatos de Río de Janeiro, 58 son ejecutivos o directores de compañías, en su mayoría del sector de la construcción, ingeniería o inmobiliario, todos ellos con intereses que dependen de decisiones de las autoridades municipales.

El candidato que más fondos ha recaudado en Río de Janeiro, que supera al conjunto de todos sus rivales, es Pedro Paulo Carvalho, delfín del actual alcalde, Eduardo Paes, y correligionario del presidente Michel Temer en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

El mayor donante de Carvalho, con cerca de 62.000 dólares, es el multimillonario Marcelo Lirio Gonçalves, un importante empresario del ramo farmacéutico que también tiene inversiones inmobiliarias.

En su lista de contribuyentes figuran ejecutivos de empresas que tienen concesiones de servicios municipales, algo que, para el candidato, no implica un "conflicto de intereses".

El Ministerio Público Electoral de Río también abrió una investigación porque 50 funcionarios del ayuntamiento donaron exactamente 5.000 reales (unos 1.500 dólares) a Carvalho.

El estudio de la FGV identificó que algunos empresarios hicieron importantes donaciones a varios candidatos en Río, lo que pone de manifiesto que no se mueven por "convicción política", sino por "interés" económico, según dijo a Efe la investigadora de la Dirección de Análisis de Políticas Públicas de la FGV Natalia Maciel.

Las donaciones de personas físicas también han complicado la tarea de rastrear el origen del dinero, según la investigadora.

"La reforma ha dificultado la transparencia de los datos y no disminuyó el poderío económico de las empresas. Este pasó a manos de personas vinculadas a las empresas", afirmó Maciel.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Mendes, que encara las presentes elecciones como un "experimento" en términos de financiación, ha reconocido que las nuevas normas no han mermado el poderío de los intereses privados ni han servido para erradicar el flujo de dinero negro.

De hecho, las autoridades electorales han detectado un gran volumen de indicios de regularidades, entre ellas, 108 supuestos donantes estaban muertos, 22.498 eran personas vinculados a grupos empresariales y otros 16.708 eran beneficiarios de los programas sociales del Gobierno, que en teoría son pobres.

Esos "pobres" han realizado donaciones que suman 16 millones de reales (unos cinco millones de dólares), lo que supone una media de 300 dólares por cabeza, todo un lujo para quien necesita los subsidios "para comer", en palabras del ministro de Desarrollo Social, Osmar Terra.

El ministro ha anunciado que se investigará a esas personas para averiguar si en realidad no son pobres y reciben las ayudas ilegalmente o si alguien ha usado sus datos para cometer un fraude electoral, lo que puede conllevar la impugnación de las candidaturas.

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