Los choferes de ómnibus de larga distancia convocaron a una huelga de tres días a partir del sábado en el marco de las crecientes demandas de aumento salarial en Argentina, mientras que el gobierno dijo ser víctima de los intentos de desestabilización de opositores políticos, empresarios y sindicatos.

En medio de la temporada estival del hemisferio sur, cuando miles de turistas se movilizan en el país, los choferes agrupados el sindicato Unión Tranviarios Automotor convocaron al paro en demanda de un aumento de sueldo de 2.000 pesos (250 dólares) a cuenta de lo que consigan en las negociaciones salariales que comenzarán próximamente, para hacer frente a una inflación que en 2013 fue de 28% y va en aumento, según economistas privados.

En tanto, trabajadores que realizan tareas de control de equipaje y carga para Aerolíneas Argentinas sin integrar la planta de empleados se manifestaron el frente al aeropuerto de Buenos Aires en reclamo de un 35% de aumento salarial, sin que ello afectara la actividad aeroportuaria. Los trabajadores dijeron que las protestas continuarán.

Jorge Capitanich, jefe de Gabinete, se quejó a los periodistas de que el gobierno enfrenta "una estrategia de desestabilización permanente" promovida por la oposición y sectores sindicales, sociales y económicos.

"El escenario es atacar, atacar y atacar a un gobierno que tiene un líder excluyente (por la presidenta Cristina Fernández), mayoría en el Congreso, mayoría de los gobernadores (provinciales), entre propios y aliados... lo que implica tener un poder político consolidado", denunció el funcionario.

Además subrayó que el gobierno está "luchando contra grupos económicos poderosos que pretenden establecer su propio sistema de precios".

Capitanich acusó a las empresas del sector del transporte de "armar un conflicto" para provocar el paro. "Basta de empresarios inescrupulosos que utilizan a los trabajadores para extorsionar al Estado con el objeto de obtener un subsidio. La Argentina no merece este tipo de empresarios", exclamó Capitanich.

Las autoridades y la cámara empresarial del sector se reunirían en las próximas horas para intentar destrabar el conflicto.

La Cámara de los Omnibus de Larga Distancia indicó a medios de prensa que las empresas no pueden atender un reclamo "cuyo costo supera los 104 millones de pesos mensuales (unos 13 millones de dólares) entre el incremento de salario básico y viático".

Capitanich también arremetió contra los sindicalistas por criticar al gobierno y no cuestionar a "los empresarios que aumentan los precios en forma indiscriminada". Los gremialistas han vaticinado en los últimos días unas negociaciones salariales conflictivas que pueden disparar las protestas. Han exigido un piso de 30% de aumento de sueldo para empezar a dialogar con empresarios y las autoridades, así como bonos económicos que el gobierno ha descartado.

El funcionario además criticó a los "grandes productores" agrícolas que no quieren exportar y liquidar divisas en el mercado local, al acusarlos de especular, en espera de un dólar más alto.

El vicepresidente de la gran entidad agropecuaria Confederaciones Rurales Argentinas, Pedro Azpeolaza, dijo en respuesta a Capitanich que "cada uno hace el ahorro que puede. Se ahorra en soja, ¿en qué se va a ahorrar?, ¿en pesos? El productor va a comercializar cuando considere oportuno. Mientras, va hacer lo que quiere porque todavía estamos en un país libre", dijo en declaraciones a radio La Red.

En tanto, el diputado opositor Ignacio de Mendiguren, secretario general de la poderosa Unión Industrial Argentina, afirmó en declaraciones radiales que los empresarios a los que el gobierno llama ahora "inescrupulosos, son los mismos que en el año 2005, cuando el país crecía a 9% y la inflación era del 3%" anual.

"El gobierno tiene toda la legitimidad con el 54% de los votos que ha sacado (la presidenta en 2011), lo que no logra recobrar es la confianza", dijo el industrial. Señaló además que muchos empresarios "no se animan a deshacerse de stock" porque no tienen claro "el costo de reposición".

El gobierno ha iniciado conversaciones con distintos sectores para frenar la subida de los precios que se aceleró en enero producto de una devaluación del peso superior a 22%. Además ha multado a supermercados de Buenos Aires por no respetar el acuerdo de precios controlados de más de un centenar de alimentos y artículos de limpieza y perfumería.

Las autoridades prevén reunirse con ganaderos, dueños de frigoríficos y carniceros para evitar la subida de los precios de la carne vacuna. Esta semana acordaron con fabricantes de acero, aluminio, insumos metálicos, petroquímicos y del plástico retrotraer los incrementos a los precios vigentes el 21 de enero, justo un día antes de producirse una fuerte devaluación del peso.

En el caso de los electrodomésticos y la electrónica el gobierno negoció con empresarios fijar un techo de aumento de 7,5% debido a que estas mercaderías tienen componentes importados y, por lo tanto, los costos son mayores con un dólar a un valor oficial de 8 pesos.