Ecuador será demandante en dos procesos penales en los que se investiga el asesinato de tres ciudadanos ecuatorianos tras el golpe de estado del general Augusto Pinochet en 1973, informó hoy la Fiscalía General del Estado.

Se trata del asesinato del profesor universitario Sócrates Ponce Pacheco y de los estudiantes Felipe Campos Carrillo y Fredy Torres Villalba, considerados crímenes de lesa humanidad.

Ponce Pacheco, militante del Partido Socialista de Chile, fue ejecutado el mismo día del golpe de Estado, el 11 de septiembre, en el Estadio Nacional de Chile, donde se había instalado un campo de detención en el que también fue ejecutado el cantautor Víctor Jara.

Felipe Campos Carrillo, de 23 años, y Fredy Torres Villalba, de 19, becados por la Universidad de Concepción en Kinesiología e Ingeniería, respectivamente, fueron detenidos en un control de carretera y sus captores consideraron que se trataba de infiltrados de la revolución cubana.

Los jóvenes fueron trasladados a una comisaría y "los torturaron brutal y cruelmente" antes de ejecutarlos y lanzarlos a la desembocadura del río Bio-Bio, señaló la Fiscalía ecuatoriana en un comunicado.

El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, firmó hoy dos poderes para otorgar al abogado chileno Nelson Caucoto, experto en derechos humanos, la potestad de representarlo durante el proceso judicial.

La Fiscalía de Ecuador ha llevado a cabo en Chile gestiones para conocer el estado de las investigaciones de estos casos y contactar con los familiares de las víctimas.

Chiriboga anunció la personación del estado ecuatoriano en un acto en el que estuvo acompañado del embajador chileno en Ecuador, Juan Pablo Lira, quien expresó su compromiso a actuar "con la mayor presteza y rapidez" para que los poderes concedidos a Caucoto sean enviados lo antes posible a las autoridades competentes en estos casos en Chile.

Lira agregó que quienes vivieron "en las décadas de los años 60, 70 y 80 bajo dictaduras militares", están comprometidos con la democracia y con la vigencia, preservación y respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, según el comunicado.