Los gobiernos de Londres y Dublín se desmarcaron hoy de la propuesta del fiscal general norirlandés, John Larkin, de suspender la investigación de los delitos cometidos durante el pasado conflicto armado en Irlanda del Norte.

A pesar de que el fiscal matizó que no se trataría de una "amnistía formal" sino de una "consecuencia lógica" de la paz, casi todas las partes implicadas en el proceso reaccionaron con malestar a una idea que, en su opinión, propugna un perdón sin condiciones y perjudica a las víctimas.

La iniciativa de Larkin ha causado un enorme revuelo en Belfast, Londres y Dublín pues propone archivar los delitos cometidos por los grupos paramilitares católicos y protestantes, la Policía o el Ejército británico antes de la firma, el 10 de abril de 1998, del Acuerdo de paz del Viernes Santo.

Una especie de ley de punto y final que el primer ministro británico, David Cameron, no tiene intención alguna de presentar al Parlamento de Westminster en un futuro próximo, según se desprende de sus propias palabras.

"Creo que sería bastante peligroso pensar que se puede poner algún tipo de bloqueo a eso", afirmó hoy Cameron en la Cámara de los Comunes en referencia a un conflicto que causó más de 3.500 muertos durante tres décadas.

Su colega irlandés, Enda Kenny, pidió hoy respeto hacia la propuesta de Larkin pero advirtió de que, si sale adelante, será duro de aceptar para las víctimas y sus familias.

"El asunto del pasado es complicado porque aborda la situación de las víctimas de las atrocidades (cometidas) por todas las partes. Las familias quieren una resolución, siempre tendrán el deseo de saber qué pasó, quién dio las órdenes, por qué pasó", dijo Kenny.

El problema, según Larkin, es que, después de más de 15 años de proceso de paz, "ha habido muy pocos enjuiciamientos" y "las posibilidades de lograr condenas se reducen, quizás de manera exponencial", con el paso del tiempo.

En caso de que su propuesta prosperase, las autoridades correrían un velo sobre atrocidades como el atentado perpetrado por el ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) en la localidad de Enniskillen, que acabó con la vida de once personas en 1987 y que hasta la fecha sigue sin sentencia.

También interrumpiría las pesquisas iniciadas por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) para investigar la muerte de 14 manifestantes a manos del Ejército británico en 1972 en la ciudad de Derry, en el llamado "Domingo Sangriento", un proceso que podría llevar ante la Justicia a soldados y mandos militares.

Para las víctimas, esta "amnistía" supone ir demasiado lejos si se tiene en cuenta, dicen, que ya resultó dolorosa la salida de las cárceles de miles de prisioneros católicos y protestantes tras la firma del acuerdo de paz.

En virtud de ese texto, nadie quedó exento de pagar por los crímenes aún no resueltos, pero se concedió la libertad a los presos a condición de que abandonaran definitivamente la violencia, que puede ser revocada si violan los términos establecidos.

Como recordó hoy Larkin, los arsenales entregados por los paramilitares o inutilizados por los organismos supervisores del desarme no pueden ser sometidos a un examen forense para obtener pruebas en procesos penales.

La legislación vigente, agregó el fiscal, contempla asimismo penas de cárcel muy reducidas, de un máximo de dos años, para cualquier condenado por un asesinato perpetrado durante el conflicto.

En este contexto, insistió Larkin, las autoridades no tienen "buenas herramientas" para llevar ante los tribunales a los paramilitares implicados en delitos graves.

El fiscal ha presentado esta controvertida propuesta al mediador estadounidense Richard Haas, quien mantiene desde el pasado septiembre conversaciones con todos los partidos norirlandeses para abordar los problemas que afectan al proceso de paz.

Haas espera que para diciembre estén sobre la mesa propuestas concretas respecto a asuntos como el de las banderas y los desfiles -que han provocado serios disturbios recientemente- y la herencia del pasado conflicto entre católicos y protestantes.

Los principales partidos norirlandeses, tanto nacionalistas como unionistas, han criticado duramente la propuesta, a excepción del Sinn Fein, antiguo brazo político del IRA, que no se ha pronunciado.

El presidente del Sinn Fein, Gerry Adams, aseguró hoy que la herencia del pasado es un asunto mucho más amplio que el de la paralización de la investigaciones de los delitos, aunque reiteró que cualquier solución pasa por "poner a las víctimas" en el centro de la toma de decisiones.