El presidente ejecutivo del estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo, defendió una de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno referida a las bases de datos en Internet y que opositores y algunos sectores consideran que busca controlar de lo que se difunde por las redes sociales.

El gobierno del presidente Daniel Ortega envió hace una semana a consideración de la Asamblea Nacional, un paquete de reformas a la Constitución, para modificar 44 de los 202 artículos de la Carta Magna, que algunos consideran que podrían ser aprobados con el voto de la mayoría oficialista.

"Tiene que existir control, por fuerza, en cualquier Estado, en cualquier parte del mundo. Por ejemplo los cyber (café), si no hay control, cualquiera te hace cualquier barbaridad", dijo Castillo a los periodistas al ser consulto el jueves sobre la reforma al artículo 92 de la Constitución.

La reforma a ese artículo relacionado con la seguridad nacional establece que las bases de datos y registros "deberán permanecer en el país; y que en ningún caso es permisible el establecimiento de sistemas que alteren o afecten los sistemas de comunicación Nacional".

De igual forma, señala que los puntos de comunicación estatal y que el espectro radioeléctrico y satelital que incidan en las comunicaciones nicaragüenses deberá ser controlado por el Estado.

De ser aprobada la iniciativa respecto a las bases de datos, la estatal Telecomunicaciones y Correos, Telcor, exigiría a las empresas del país que tengan sus equipos de almacenamiento de datos dentro de Nicaragua para someterlos a auditorías técnicas, según explicó Castillo.

"Tiene que haber control para delimitar las responsabilidades, si alguien te hace una barbaridad en un cyber hay que saber qué pasó", insistió el funcionario, quien también advirtió que quien quiera tener un canal virtual en internet una vez que se apruebe la reforma, debe contar con el permiso del instituto de telecomunicaciones.

Alfonso Malespín, un estudioso de la comunicación y catedrático universitario, explicó que al tener el Estado acceso directo al almacenamiento de datos y registros de las empresas que prestan servicios de internet, podría tener información completa de personas u organizaciones específicas a las que les interesa tener vigiladas.

"Es peligroso porque al ordenar que las bases de datos estén en el país, por medio de un software que captura palabras o frases del interés, entonces se entra a ver el contenido que llevan esas comunicaciones y (se) le daría seguimiento", explicó Malespín.

La presidenta Ejecutiva de organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, aseguró a la AP que el gobierno de Ortega, quiere tener vigilado a todo aquel que piense distinto de los sandinistas.

"Esa aspiración de tener control de lo que se publique en las redes sociales o de los vídeos que circulan en internet, es propio de gobiernos autoritarios en los que no se respeta a los derechos humanos de las personas, su privacidad y libertad de expresión", dijo Núñez.

"Aquí lo que se busca es controlar a los ciudadanos en todos los sentidos, en sus correos, las redes sociales y en la información a la que tengan acceso por internet", dijo por su lado el diputado del disidente Movimiento Renovador Sandinista, Víctor Hugo Tinoco.

Sin embargo, Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, dijo a los periodistas que "hay un poco de diversionismo político, paranoia y exageración", en los cuestionamiento a la iniciativa oficialista.

Adujo que se busca que haya más control sobre temas que pondrían en peligro la seguridad nacional.

El paquete de reformas a la Carta Magna fue presentado el viernes de la semana pasada y busca entre otras cosas eliminar los impedimentos del artículo 147 relacionados a la reelección presidencial.