Washington, 29 oct (EFEUSA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó hoy más información para analizar la situación de la independencia judicial en Bolivia tras escuchar a peticionarios y representantes del Estado en una tensa audiencia dentro del 149 periodo de sesiones que celebra el organismo.

Rubén Darío Cuéllar y Silvia Salame, representantes de la Fundación Nueva Democracia, aseguraron que en el país andino existe un "secuestro del sistema judicial por parte del órgano ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales", entre otras violaciones de los derechos humanos.

Cuéllar añadió además "violaciones insistentes a los derechos políticos, la aplicación retroactiva de las leyes penales, la persecución a jueces independientes, la vulneración al derecho a la doble instancia en juicios de responsabilidad y las constantes violaciones a la libertad de expresión".

Por su parte, Salame quiso aclarar que sus denuncias no se realizan contra el sistema judicial boliviano en sí mismo, sino que con ellas buscan "que se respete al órgano judicial" y su independencia, y evitar así que se vulneren los derecho de los bolivianos.

"A lo largo de los últimos cinco o seis años de gestión del actual Gobierno se han ido introduciendo una serie de presiones para lograr fallos en función de los objetivos del ejecutivo", reclamó Salame, exmagistrada del Tribunal Constitucional del país.

Durante el turno del Estado, el ministro de Gobierno (Interior) boliviano, Carlos Romero, calificó a sus interlocutores de "políticos que se camuflan en la defensa de los derechos humanos" y aseguró que los peticionarios "tienen un concepto restringido de lo que hoy es la democracia en Bolivia".

"Hemos experimentado profundas transformaciones estructurales, que no solamente han permitido incorporar a sujetos excluidos, como indígenas y mujeres, sino que ha permitido la redistribución del poder político hacia las regiones", dijo Romero.

Los miembros de la Fundación Nueva Democracia aludieron a casos de destituciones públicas improcedentes e incluso aseguraron haber contabilizado desde septiembre de 2011 un total de 60 ejecuciones extrajudiciales.

El ministro de Gobierno retó a los peticionarios a que demostraran uno solo de esos fallecimientos y les acusó de tener una visión "darwinista" de la democracia boliviana.

Ante el intercambio de acusaciones, el comisionado colombiano Rodrigo Escobar Gil solicitó información por escrito que aclare los mecanismos de funcionamiento del Tribunal Constitucional de Bolivia y, respecto a las destituciones denunciadas por los peticionarios, pidió que se detallara si estas habían sido llevadas a cabo respetando el debido proceso.

Asimismo, Escobar Gil pidió datos sobre los mecanismos de control judicial en Bolivia y si son o no efectivos.

Los peticionarios instaron a la CIDH a que visite "in loco" el país y "compruebe las denuncias" que plantean en sus informes.

La Fundación Nueva Democracia quiso hacer partícipe de la audiencia a un representante de la misión de Hungría en Washington DC para relatar el caso del ciudadano húngaro Elöd Tóásó, encarcelado desde hace más de cuatro años en Bolivia acusado de intentar asesinar al presidente Evo Morales.

Sin embargo, ante las quejas reiteradas del Estado boliviano y la tensión creciente en la audiencia y, al no haber sido anunciada su intervención como parte de los testimonios, la Comisión consideró incluir sus declaraciones por escrito.

Tóásó fue detenido el 16 de abril de 2009 en La Paz en un operativo policial en el que murieron tres personas y dos fueron detenidas, por un presunto complot para matar a Morales. EFE