Un juez federal falló el lunes que las restricciones al aborto aprobadas por la legislatura de Texas son inconstitucionales, una decisión que mantiene abiertas por ahora a decenas de clínicas que hubiesen dejado de funcionar de haber entrado en vigencia la ley como estaba previsto.

El juez federal Lee Yeakel escribió el lunes que las regulaciones violan los derechos de los médicos que practican abortos y que hacen lo que creen es mejor para sus pacientes, además de que restringirían el acceso de las mujeres a las clínicas que interrumpen embarazos.

Los abogados de Planned Parenthood (Paternidad Planificada) y otros grupos que proporcionan abortos presentaron la demanda, bajo el argumento de que un requisito de que los médicos obtengan derechos para admitir pacientes en un hospital que se encuentre a 48 kilómetros (30 millas) o menos de una clínica de abortos obligaría a cerrar una tercera parte de estas clínicas en Texas.

Se quejaron también de que el obligar a los médicos a apegarse a la etiqueta original de un fármaco que induce al aborto elaborada por la Administración de Alimentos y Medicinas le negaría a las mujeres el beneficio de los últimos avances en las ciencias médicas.

La secretaría de Justicia de Texas argumentó que la ley protege a las mujeres y la vida del feto. El secretario Greg Abbott tiene previsto apelar el fallo de Yeakel ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans.

Mississippi aprobó una ley similar el año pasado y un juez federal la bloqueó a la espera de un juicio previsto para comenzar en marzo. El secretario de Justicia de Mississippi también pidió al Quinto Circuito que anule el recurso para que la ley pueda entrar en vigencia, pero los jueces indicaron que existe un cuestionamiento constitucional legítimo.

A diferencia del caso de Mississippi, la orden de Yeakel es un fallo, lo cual sienta las bases para que el Quinto Circuito revise los méritos de la ley, no un simple recurso de suspensión.

Las restricciones propuestas están entre las más rígidas del país y llegaron a la atención nacional cuando la senadora estatal demócrata Wendy David lanzó una maniobra dilatoria de casi 13 horas en junio para impedir su aprobación. La ley prohíbe el aborto pasadas las 20 semanas de embarazo y a partir de octubre de 2014 obliga a los médicos a practicar los abortos en instalaciones quirúrgicas.

La maniobra dilatoria obligó al gobernador Rick Perry a convocar a una segunda sesión especial de la legislatura, controlada por los republicanos, para aprobarla. Davis es ahora candidata a gobernadora con un programa de derechos de la mujer. Ya que Perry se retira, Abbott aparece como el candidato republicano más probable, lo que agrega un matiz político al drama legal.

Durante el juicio, directivos de una cadena de clínicas de aborto declararon que trataron de obtener para sus médicos los derechos de admitir pacientes en 32 hospitales, pero sólo 15 recibieron las solicitudes y ninguno anunció su decisión. Muchos hospitales vinculados con iglesias no permiten que médicos abortistas trabajen en sus instalaciones, en tanto otros temen las protestas en caso de proporcionar a los médicos el derecho a recibir pacientes.