La propuesta de un grupo de ex represores de la dictadura que, por intermedio del abogado René López, ofrecieron entregar información sobre el paradero de los restos de detenidos desaparecidos a cambio de beneficios carcelarios provocó un fuerte rechazo.

La candidata de la centroizquierda y ex presidenta Michelle Bachelet calificó la propuesta como "inadmisible" y enfatizó que si alguien posee información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos debe entregarla.

"Esto es inadmisible, con los crímenes de lesa humanidad no se negocia", sentenció la socialista, cuyo padre, un general de la Fuerza Aérea, murió tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, víctima de las torturas provocadas por sus camaradas de armas.

Bachelet subrayó que "queremos unidad en el país, pero sobre la base de la verdad y la justicia".

Por su parte, la abogada de derechos humanos Pamela Pereira afirmó que las declaraciones de López son "macabras" y aseveró que la propuesta no tiene "ningún sustento" jurídico.

Añadió que esta supuesta revelación de datos es "un chantaje a la opinión pública, a los sentimientos de las familias y al país entero" y aseguró que se trata sólo de una forma de llamar la atención.

Desde el oficialismo, la diputada de Renovación Nacional, Karla Rubilar, se manifestó sorprendida con el hecho de que ahora se ofrezca información, a pesar de negarla por años.

"Han sido tantos años en que nos dijeron que no había información, que no había más conocimiento respecto de qué había pasado con los detenidos desaparecidos, que parece una burla plantear que si les rebajan las penas entonces ellos van a entregar la información", dijo la parlamentaria.

The Associated Press contactó vía telefónica a la senadora socialista Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende, 1970-1973, quien declinó referirse al tema debido a que desconoce detalles.

La parlamentaria se encontraba en la localidad de Freirina, ubicada a 800 kilómetros al norte de Santiago, en la región de Atacama, circunscripción por la que es senadora.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento de las autoridades sobre la propuesta de López, abogado defensor del ex jefe de la policía de la dictadura, Manuel Contreras, quien el sábado afirmó que "si el presidente (Sebastián Piñera) autoriza, podemos entrar a conversar, formar una mesa de diálogo, chequear antecedentes, buscar por ahí y por allá".

El jurista añadió que "está la mejor disposición de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones (policía civil), de toda la gente que participó en estos hechos, de colaborar, de forma concreta y eficaz".

Respecto a los beneficios que los reos solicitarían, López dijo que "hay que sentarse a conversar" aunque admitió que una posibilidad "podría ser" la reducción de las condenas

Sin embargo, el hijo de Manuel Contreras, dijo el domingo que López no cuenta con el patrocinio de su familia para la sugerencia que realizó y que su padre "aportó toda la información que sabe".

Contreras, quien cumple una sentencia de más de 300 años de prisión por delitos de lesa humanidad, negó en septiembre la existencia de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

La investigación oficial determinó que hubo un total de 40.000 víctimas durante la dictadura, de las cuales 3.095 fueron asesinadas por agentes represivos. De ellas, un millar continúan desaparecidas.

Contreras y otros ocho ex represores de la dictadura militar fueron trasladados el 29 de septiembre de un penal exclusivo para violadores de derechos humanos a otro con menos beneficios.

El ex director de inteligencia, Odladier Mena, también preso, se suicidó horas antes para evitar el traslado.