La Corte Suprema de Louisiana revocó una ley estatal que penaba hasta con un año de cárcel a los no ciudadanos que condujeran sin llevar prueba de su condición inmigratoria.

En una opinión dividida, el tribunal falló el martes que a la ley estatal se antepone una ley federal que impone requisitos similares pero que conlleva un castigo más suave. Para la ley federal es una contravención mientras que para la ley estatal es un delito punible por pena de hasta un año de prisión.

Dos de los siete jueces emitieron opiniones disidentes.

El estatuto era parte de una serie de leyes que la legislatura estatal aprobó en el 2002 en respuesta a los ataques terroristas del 2001. Pero los detractores de la ley dicen que no ha conducido al arresto de ningún sospechoso de terrorismo.

"Personas trabajadoras son arrestadas solo por conducir un vehículo", objetó Meredith Stewart, abogada del Southern Poverty Law Center.

El tribunal falló en los casos de tres personas que fueron acusadas en Lafayette Parish de violar la ley. Una de ellas, Alexis Sarrabea, de 30 años, pasó más de tres meses en la cárcel antes de convenir un acuerdo el año pasado.

Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones revocó más adelante la condena y sentencia de Sarrabea. Pero otro panel del mismo tribunal de apelaciones falló en dos casos separados que la ley federal no se anteponía a la estatal.

Según la opinión mayoritaria en la Corte Suprema estatal, el juez John Weimer dijo que "el panorama legal sobre el que se emitieron estas decisiones contradictorias fue alterado sustancialmente" el año pasado cuando la Corte Suprema de la nación revocó partes de una ley inmigratoria de Arizona. Weimer agregó que ese fallo dejó en claro que los estados no pueden criminalizar "violaciones federales como no portar pruebas de registro inmigratorio".

En su opinión disidente, el juez Jeffrey Victory dijo que sus colegas en la mayoría interpretaron erróneamente el estatuto estatal y aplicaron una visión demasiado abarcadora de la decisión de la Corte Suprema nacional. Acotó que el estado tiene la autoridad de patrullar los caminos públicos y las carreteras.

"Las regulaciones relativas a la emisión de licencias de conducir constituyen un ejercicio del poder policial de regular el uso de las carreteras en interés de la seguridad y bienestar públicos", escribió.

El juez Jefferson Hughes III también disintió, diciendo que no ve cómo la ley estatal interfiere con la ley federal de inmigración.

"En cambio, la considero una medida legítima para proteger a los ciudadanos de Louisiana, en gran medida equivalente a exigir que los automovilistas tengan seguro", escribió.