Los jueces chilenos admitieron el miércoles que la Corte Suprema no cauteló los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, al tiempo que pidieron perdón a los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad por lo que los magistrados hicieron o dejaron de hacer.

Los magistrados se sumaron a una oleada de solicitudes de perdón por acciones u omisiones cometidas antes y durante el régimen militar, 1973-1990, iniciada por un senador oficialista, que fue seguido por algunas personas, aunque el legislador en realidad recogió más críticas de su sector, que junto al centroderechista Partido Renovación Nacional fueron el sustento civil de la dictadura.

En un hecho inédito, el gremio que aglutina a los magistrados dijo en un comunicado que "nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención".

La dictadura de Augusto Pinochet dejó poco más de 40.000 víctimas, 3.200 fatales, entre las que se incluyen todavía un millar de desaparecidos forzados.

"La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo,  la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período", agregaron.

El Poder Judicial rechazó unos 9.000 recursos de amparo que pedían protección por personas detenidas por la policía política de la dictadura, muchos de los cuales pasaron a ser desaparecidos forzados, hasta ahora.

Sólo uno de esos recursos fue acogido ya que el amparado fue arrestado en la vía pública, en presencia de múltiples testigos, cuando se lanzó a las ruedas de un autobús para intentar huir de sus captores.

"El Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal", añadieron.

Uno de los presidentes de la Corte Suprema durante los primeros años del régimen de Pinochet, consultado por los detenidos desaparecidos, respondió que "los desaparecidos me tiene 'curcuncho' (hastiado)".

Un ejemplo contrario fue el caso del juez Carlos Cerda, quien en 1986, en plena dictadura, procesó a 40 uniformados en una causa por violaciones a los derechos humanos, y sus superiores le ordenaron dar un pie atrás, pero como no lo hizo, lo castigaron con tres meses de suspensión .

"El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto", destacaron los magistrados, para agregar que "sin ambigüedades ni equívocos, ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena".

Por último, exhortaron a la Corte Suprema a "realizar también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado".

Fueron contados con los dedos de una mano los jueces que se atrevieron a presentarse en el lugar en que la policía represiva tenía a un detenido y hacerlo que lo llevaran a su presencia. Casi todos se conformaron con preguntar al Ministerio del Interior dónde estaba el desaparecido, y se conformaron con la respuesta de que en Interior no sabían.