Una reforma para fortalecer el sistema de transparencia en México ha pasado de recibir elogios a ser blanco de algunas críticas, luego de que expertos y organizaciones civiles manifestaron su preocupación de que el acceso a la información pública sufra un retroceso en un país que ha visto claroscuros en la actitud de los gobiernos en torno a lo que se debe dar a conocer.

La Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves por mayoría una reforma constitucional que entre otras cosas fortalece las facultades del organismo encargado de garantizar que las autoridades cumplan con su obligación de informar a la gente. Sin embargo, también incorporó un candado que favorecería al Ejecutivo cuando se trate de temas de seguridad nacional, lo que prendió las alarmas de los promotores del acceso a la información.

En 2003 entró en vigor una ley que por primera vez permitió a los mexicanos solicitar cualquier tipo de información en poder del gobierno federal, con lo cual México dejó atrás la discrecionalidad que históricamente tenían las autoridades para dar o negar información pública.

La norma incluyó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que puede revocar negativas del gobierno para entregar datos, con lo cual se convirtió en el organismo que tiene la última palabra sobre si algo debía ser reservado o no.

Con las reformas del jueves, sin embargo, los diputados federales señalaron que los fallos del IFAI son inatacables salvo en casos de seguridad nacional. En este tema, la cámara baja señaló que la consejería jurídica de la presidencia puede impugnar sus resoluciones ante la Suprema Corte.

El presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, calificó el viernes de "muy preocupante" y "muy grave" que se haya incluido esa limitación porque implicaría que el proceso para obtener información se retrasaría y la persona que haya hecho la petición tuviera que contratar a un abogado para litigar ante la Suprema Corte.

Hasta ahora, el proceso de petición de información pública es gratuito y se hace sin la necesidad de recurrir a abogados.

La reforma aún tiene que ser revisada por el Senado, donde algunos esperan que se pueda modificar.

Un proyecto inicial de los diputados contemplaba que también la Procuraduría General de la República, el banco central e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos podían impugnar ante la Suprema Corte, aunque en medio de presiones de organismos civiles sólo se dejó a la presidencia como organismo que puede recurrir los fallos del IFAI.

Ricardo Luévano, del programa de acceso a la información de la organización Artículo 19, dijo a The Associated Press que la reforma contiene elementos muy positivos y elogió que se revirtieran algunas cosas, como el número de oficinas que pudieran impugnar, aunque dijo que estarán pendientes de la excepción que dejaron en materia de seguridad nacional.

"La excepción tendría que ser la reserva de la información, pero al final tenemos la tendencia a pensar que ocultar la información es un proceso o un mecanismo útil en todas las instituciones", dijo.

Los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron señalados de promover las limitaciones.

El PRI gobernó el país de manera continua de 1929 a 2000 en un periodo en el que para sus críticos reinó la opacidad. En 2012 regresó al poder de la mano de Enrique Peña Nieto, un presidente que ha dicho que su partido ha cambiado y que está comprometido con la transparencia. En el PRI no respondieron a una petición de la AP para conocer su posición sobre las críticas.

Para Manuel Guerrero, investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, la posibilidad de que la presidencia impugne temas que considere que ponen en riesgo la seguridad nacional es "una limitación muy grave".

"El poder nunca cede gratuita y graciosamente sus facultades, siempre se tiene que ver obligado por otro poder. Y en este caso en el estira y afloja quisieron preservar (los legisladores) estos cotos de poder", dijo a la AP el experto.

Entre las cosas de la reforma elogiadas prácticamente por todos está que en adelante los partidos políticos, los sindicatos y los particulares que reciban recursos públicos serán sujetos a la ley de acceso a la información.