Los principales líderes políticos hondureños firmaron un pacto en el que se obligan a aceptar los resultados de las elecciones generales que se celebrarán en noviembre, con el objetivo de evitar que se produzca un fraude o un estallido de violencia.

El acuerdo, denominado "Compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia electoral", fue alcanzado gracias a la mediación de las Naciones Unidas y embajadas en el país y fue presentado por Edo Stork, representante del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo y el embajador de Alemania Daniel Kempken.

De la firma del compromiso la noche del miércoles participaron los ocho partidos políticos que compiten en la arena electoral y los candidatos presidenciales con más posibilidades de victoria, Xiomara Castro de Libertad y Refundación (Libre), Juan Orlando Hernández del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción.

El compromiso contempla aspectos como el rechazo a "la promoción de toda forma de violencia verbal o física, antes, durante y después de las elecciones", "evitar el uso de los recursos públicos a favor o en contra de cualquier organización política" y evitar "el proselitismo en los actos del Estado o en el manejo de los programas sociales".

También anuncia que los partidos proporcionarán al Tribunal Supremo Electoral la información financiera sobre sus ingresos y gastos de campaña electoral, rechazarán "las prácticas de oferta de dinero, empleos, regalos, contratos, compra de votos" y garantizarán "la secretividad (secreto) del voto y el llenado correcto de las actas".

Las últimas encuestas señalan como probable ganadora a Castro, candidata de Libre y esposa de Manuel Zelaya, el presidente derrocado por un golpe de Estado en junio de 2009.

Un sondeo de CID Gallup realizado en mayo con un margen de error de 5% le adjudicó 28% de intención de voto, lo que sería suficiente para ganar la presidencia en las elecciones que se celebrarán el 24 de noviembre. El partido Libre, creado por los partidarios de Zelaya sobre las bases de la resistencia al golpe de Estado, compite por primera vez en una contienda electoral que se caracterizará por el fin del bipartidismo que ha caracterizado a Honduras durante más de un siglo en que el Partido Nacional y el Partido Liberal se alternaron el poder.

Nasralla, un locutor deportivo que lidera el recién creado partido Anticorrupción, aglutinaba en mayo un 21% de intención de voto y el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, del gobernante Partido Nacional, se ubicaba en tercer lugar con 18% de intención de voto.

Honduras es un país con una larga tradición de denuncias de fraude electoral.

En noviembre de 2012 se celebraron elecciones internas y simultáneas en los partidos políticos que tanto los partidarios de Libre como los militantes del Partido Nacional agrupados en torno del alcalde de Tegucigalpa Ricardo Alvarez calificaron de fraudulentas y para las que solicitaron que se realizara un recuento voto por voto que fue negado por la justicia.

A su vez el auditor externo del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, Teodoro Dalle, denunció importantes irregularidades en las primarias que afectaban al recuento de al menos el 10% de los votos y a todos los partidos políticos. Había actas con votos superiores al número de electores en el censo, actas con más votos que cantidad de electores y actas con correcciones ilegibles, entre otras irregularidades.

El recuento fue entonces suspendido por problemas técnicos y fallas en el sistema de transmisión de datos pocas horas después de cerrarse los colegios electorales y los resultados definitivos tardaron semanas en hacerse públicos.

Los partidos también se comprometieron a rechazar el uso del sistema de transmisión de resultados vía telefónica que se ha utilizado en el pasado y acordar el perfil, forma de reclutamiento y selección de los operadores de una solución tecnológica para transmitir los resultados de las elecciones así como a "implementar el escrutinio público en las mesas electorales".

Para esto, los partidos solicitarán "una auditoría internacional que certifique la calidad y transparencia en el funcionamiento de la transmisión de resultados" y a que el ganador "en el primer año de gobierno implemente una nueva legislación en materia electoral que responda a la realidad política actual del país".