La firma HKND Group anunció el interés del inversionista chino Wang Jing en comenzar a construir el canal interoceánico de Nicaragua a fines de 2014, pese a que ante la Corte Suprema de Justicia de este país se han presentado 29 recursos de inconstitucionalidad contra la concesión.

"Eso es lo que el señor Wang Jing quiere hacer. Un proyecto, cuanto más tiempo se esté estudiando, el riesgo baja, yo le hubiera aconsejado que el riesgo sea menor, pero es su dinero y está dispuesto a correr un riesgo más alto, por tanto está dispuesto a empezar las obras de infraestructura a finales de 2014", dijo el vocero de HKND, Ronald McLean-Abaroa, a periodistas.

El portavoz mencionó que desconoce el patrimonio que tiene Jing para invertir con el fin de acortar los tiempos del proyecto, de cuyo contenido se esperaba por primera vez una explicación pública detallada.

McLean-Abaroa brindó las declaraciones tras una presentación del proyecto organizada por la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), en la que también expuso el gerente sénior de la compañía que realizará los estudios de impacto ambiental, la británica Environmental Resources Management (ERM), Alberto Vega.

El canal de Nicaragua está planificado para ser más amplio que el de Panamá, uniría los océanos Pacífico y Atlántico, incluiría un ferrocarril, un oleoducto, dos puertos de aguas profundas, dos aeropuertos y zonas francas, a un costo de 40.000 millones de dólares.

La exposición de McLean-Abaroa y Vega, que estuvo abierta a periodistas, no arrojó, sin embargo, datos nuevos.

"Me quedó claro que hoy no hay respuestas", dijo el presidente de Amcham, Diego Vargas, a periodistas.

Los empresarios nicaragüenses-estadounidenses continuaron expresando sus dudas sobre temas como las expropiaciones, el manejo del capital empresarial del canal, los 5.000 empleos creados ya por HKND y el posible impacto en las reservas del Banco Central de Nicaragua (BCN).

La preocupación sobre las expropiaciones se debe a que la Ley de Concesión permite que HKND pague únicamente por el valor catastral de las propiedades que el proyecto necesite, sin reconocer su valor real comercial y mejoras.

Y el riesgo con las finanzas es que, si Jing considera que el proyecto no será viable, Nicaragua deberá responder con las reservas del BCN de ser necesario.

"Falta un poquito más de carne en la churrasquera, no tanta ensalada, pero los estudios se están dando ahorita antes de saber la factibilidad del canal", dijo el empresario Piero Cohen.

Por su parte, McLean-Abaroa se refirió al manejo del capital empresarial del canal: "No tenemos idea, no sabemos, queremos llevarlo a mercados de capital de Hong Kong, Londres, Nueva York; primero, (el capital) es privado, sin participación de los Estados del mundo, y segundo, es de la más amplia composición accionarial".

Sobre las dudas referidas a las expropiaciones y las reservas del BCN, McLean-Abaroa respondió que HKND trabaja con las "reglas" de la Ley de Concesión aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Dichas reglas son cuestionadas en el país por 29 grupos que consideran que la Ley de Concesión del Gran Canal Interoceánico viola hasta 40 artículos de la Constitución.

La misma Corte Suprema confirmó la semana pasada que se trata de la ley con más recursos en su contra.

Entre quienes se oponen están defensores de los consumidores, partidos y movimientos políticos, organizaciones femeninas, abogados, ambientalistas y personalidades de Nicaragua.

Sobre los 5.000 empleos de los que Jing habló en una entrevista reciente, el portavoz de HKND dijo que la cifra incluye a los empleados de cada una de las cuatro compañías consultoras de nivel mundial que han contratado hasta ahora.

El representante de ERM aclaró tras el evento que no podía referirse al proyecto porque firmó un acuerdo de confidencialidad con HKND.

Aún así, Vega confirmó a Efe que ERM tomará en cuenta la capacidad de los recursos naturales, así como las leyes ambientales nacionales e internacionales, incluyendo estudios de impacto ambiental, más aspectos culturales, para determinar la viabilidad de la construcción.

Sobre las afectaciones al Gran Lago de Nicaragua, Vega dijo que ERM hará "un análisis muy detallado de la problemática".

"Cuando terminemos eso vamos a compartirlo con la empresa para la que trabajamos y ellos verán cómo es la manera más conveniente de compartirlo con los medios", expresó.

ERM está en capacidad de reunirse con los grandes capitales financieros mundiales para recomendar la inversión o no en una obra, con base en sus estudios ambientales, aseguró su representante.

Finalmente, el presidente de Amcham insistió en que serán necesarias más reuniones para tener claridad sobre el proyecto.