Unos doscientos campesinos volvieron a ocupar el martes las tierras conocidas como Marina Cué, en el noreste de Paraguay, en donde el año pasado hubo una balacera que dejó un saldo de once labriegos y seis policías muertos y llevó a la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

"En la madrugada del martes ingresamos al terreno de 2.000 hectáreas porque consideramos que es del Estado y no del ex senador Blas Riquelme. Además, hasta el momento ni los familiares de Riquelme ni el mismo gobierno nos ha exhibido el supuesto título de propiedad", dijo Martina Paredes, una de las líderes, en entrevista telefónica con The Associated Press.

"Ya comencé a dialogar con los líderes. Me dicen que se quedarán en el sitio para la reforma agraria, piden la libertad de doce campesinos procesados actualmente por la tragedia de junio de 2012 y una indemnización para los familiares de los once trabajadores rurales que fallecieron en el enfrentamiento armado", explicó el comisario Atilio Ferreira, jefe policial del pueblo Curuguaty, ubicado a 35 kilómetros de Marina Cué. Agregó que 150 agentes fueron movilizados para intentar que los ocupantes abandonen las tierras.

"Ninguno de nosotros tenemos armas de fuego. Y si los policías quieren atacarnos, pueden hacerlo. Estamos dispuestos a morir aquí porque las tierras son del Estado. Y es doloroso que la justicia no resuelva la situación", dijo a la AP Paredes, que perdió dos hermanos el año pasado en el lugar.

Paredes es secretaria de la comisión vecinal Naranjaty que ocupa las referidas tierras desde 2004 a la espera de una reforma agraria.

Mientras, en Asunción se desarrolla una audiencia preliminar en la que la jueza de garantías Rosa Yannine Ríos decidirá si acepta o rechaza las presuntas pruebas criminales presentadas por el fiscal Jalil Rachid en contra de doce acusados como responsables del deceso de los seis policías en el hecho ocurrido el 15 de junio de 2012. Pese a que Rachid no pudo descubrir quién mató a los policías ni encontró las presuntas armas disparadas en el asesinato, resolvió imputar a los campesinos por asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y tentativa de homicidio doloso.

La propiedad en disputa fue donada en 1967 por una empresa agrícola argentina al Estado para la construcción de un cuartel militar. El entonces presidente Alfredo Stroessner aceptó el obsequio, pero el título de propiedad no fue tramitado, por lo que el ex senador Blas Riquelme las ocupó reclamándolas como propias.