Unos 200 campesinos ocuparon el martes las tierras conocidas como Marina Cué, en el noreste de Paraguay, en donde el año pasado hubo una balacera que dejó un saldo de once labriegos y seis policías muertos y llevó a la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

Los campesinos, que buscan recuperar las tierras de manos de un ex senador, decidieron retirarse pacíficamente tras la llegada de la policía y debido a la intercesión del fiscal José Zarza, quien dijo que la Corte Suprema de Justicia es la que debe "resolver a quién pertenece" la tierra. La ocupación en señal de protesta duró alrededor de 14 horas.

"Muchos compañeros entraron en pánico al ver la llegada de camionetas patrulleras con policías fuertemente armados y comenzaron a correr hacia el interior del bosque porque dijeron que no querían morir", dijo a The Associated Press Martina Paredes, una de las lideresas de los trabajadores rurales.

"Otros se descompusieron anímicamente cuando los policías, sin orden judicial, aprehendieron a la fuerza a tres varones; hubo una confusión, pero conseguimos que fueran liberados en el mismo terreno de Marina Cué. Entonces, por consenso, decidimos abandonar la finca, pero estamos en asamblea permanente para tomar otras decisiones", agregó la dirigente campesina.

La propiedad en disputa fue donada en 1967 por una empresa agrícola argentina al Estado para la construcción de un cuartel militar. El entonces presidente Alfredo Stroessner aceptó el obsequio, pero el título de propiedad no fue tramitado, por lo que el ex senador Blas Riquelme las ocupó reclamándolas como propias.

Según Paredes, los campesinos decidieron volver a ocupar el terreno "porque las 1.000 mil hectáreas las consideramos como pertenecientes al Estado y no del ex senador Blas Riquelme". "Además, hasta el momento ni los familiares de Riquelme ni el mismo gobierno nos ha exhibido el supuesto título de propiedad", agregó.

Paredes es secretaria de la comisión vecinal Naranjaty que ocupa la referida propiedad desde 2004 a la espera de una reforma agraria.

Mientras, en Asunción se desarrolla una audiencia preliminar en la que la jueza de garantías Rosa Yannine Ríos decidirá si acepta o rechaza las presuntas pruebas criminales presentadas por el fiscal Jalil Rachid en contra de doce acusados como responsables del deceso de los seis policías en el hecho ocurrido el 15 de junio de 2012. Pese a que Rachid no pudo descubrir quién mató a los policías ni encontró las presuntas armas disparadas en el asesinato, resolvió imputar a los campesinos por asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y tentativa de homicidio doloso.