El fundador del grupo ecológico Sea Shepherd Conservation Society asegura que Costa Rica lo acusó de un delito que no existe en ese país por ser "sirviente" de Japón, que quiere extraditar al activista prófugo.

El canadiense Paul Watson, de 62 años, fue acusado en el país centroamericano de poner en peligro un barco tiburonero costarricense y a su tripulación en 2002.

En entrevista telefónica transmitida el miércoles en el programa local Rainforest Radio, Watson dijo que sus abogados le dijeron que ese delito no existe en el país.

"Costa Rica está siendo un sirviente de Japón en este caso", aseguró Watson, quien agregó que sospecha que el gobierno quiere arrestarlo y entregarlo a la nación asiática a cambio de ayuda económica.

Watson y su grupo se han enfrentado varias veces con flotas pesqueras japonesas a las que acusan de cacería ilegal de ballenas, tiburones y otras especies marinas en peligro de extinción, lo que hizo que Japón clasificara a Sea Shepherd como grupo terrorista.

Watson ha logrado fama por sus intentos de frenar a los balleneros japoneses en el programa de televisión "Whale Wars", del canal Animal Planet.

Sea Shepherd ha dicho que Watson estaba filmando un documental cuando ocurrió el presunto incidente con el barco costarricense, que ocurrió en aguas de Guatemala en 2002.

La organización estadounidense informó que descubrió una operación ilegal de corte de aletas de tiburones emprendida por el Varadero, el navío costarricense, y dijo a la tripulación que se detuviera y se dirigiera a puerto para ser procesada por las autoridades. La tripulación acusó a Sea Shepherd de tratar de matarlos al embestir su barco.

Watson ha huido de las autoridades en tres países desde mayo de 2012, cuando fue detenido en Alemania por una orden de extradición de Costa Rica. El canadiense evitó la fianza después de enterarse de que también Japón buscaba extraditarlo desde Alemania.

El activista, quien abandonó Greenpeace en 1977 para crear Sea Shepherd, que está más orientado a la acción, también criticó al gobierno de Costa Rica por no proteger a un ecologista que fue asesinado hace poco al tratar de proteger a la tortuga laúd en la costa caribeña del país.