El juicio que intentará esclarecer si el Estado italiano emprendió una negociación con la mafia siciliana (Cosa Nostra) para detener la oleada de violencia que conmocionó al país en la década de los noventa, se reanudará el 31 de mayo tras la primera audiencia de hoy en el Tribunal de Palermo.

El aplazamiento se decidió después de que el fiscal pidiese más tiempo para evaluar las nuevas peticiones para presentarse como parte civil.

Se trata de un proceso histórico ya que se sientan en el banquillo miembros del gobierno y de las fuerzas del orden junto con los jefes mafiosos de aquellos años.

Los diez imputados son el entonces ministro del Interior y expresidente del Senado Nicola Mancino, el exsenador Marcelo dell'Utri, brazo derecho de Silvio Berlusconi, y los antiguos responsables del cuerpo especial de los Carabineros del ROS, los generales Mario Mori y Antonio Subranni, además del exgeneral Giuseppe De Nonno.

A ellos se unen también los jefes mafiosos que aterrorizaron a Italia, Salvatore 'Totó' Riina, su estrecho colaborador Giovanni Brusca, el que fuera su médico personal Antonino Cinà y el mafioso Leoluca Bagarella.

El décimo imputado es Massimo Ciancimino, hijo de Vito, alcalde de Palermo, que con sus revelaciones y documentos heredados de su padre ha hecho que los jueces contasen con pruebas para reabrir el caso.

Excepto Mancino, acusado de falso testimonio, y Ciancimino, de asociación mafiosa, los otros imputados tienen que responder a los cargos de violencia o amenaza al Estado y de favorecer a Cosa Nostra.

El varias veces ministro Calogero Maninno será juzgado aparte al haber elegido el proceso breve, al igual que el "jefe de jefes" de Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, por motivos de salud.

Antes del inicio de la audiencia, el exministro del Interior en aquellos años adelantó que pedirá también un proceso separado "ya que no se puede mezclar su figura con la de los mafiosos".

Los fiscales han pedido que acudan a declarar 178 testigos, entre ellos el presidente de la República, Giorgio Napolitano, y el actual presidente del Senado y exfiscal nacional antimafia, Piero Grasso.

De acuerdo con los investigadores, existió una negociación entre representantes del Estado y los líderes de la Cosa Nostra, a principios de los noventa, para acabar con la oleada de atentados cometidos por la mafia.

Todo comenzó, según han reconstruido los fiscales de Palermo, tras la confirmación de las cadenas perpetuas a mafiosos el 30 de enero de 1992, lo que empujo a Cosa Nostra a vengarse de quienes consideraba responsables y buscar nuevos apoyos en la política.

El primer paso, agregan los magistrados, fue el homicidio el 12 de marzo de 1992 del eurodiputado de la Democracia Cristiana y exalcalde de Palermo, Salvo Lima, que había sido acusado de asociación mafiosa.

En la audiencia de hoy han pedido presentarse como parte civil la región de Toscana, el ayuntamiento de Florencia y otras asociaciones relacionadas con el atentado organizado por Cosa Nostra hace hoy justo 20 años (27 mayo de 1993) en la calle dei Georgofili, en el que murieron 5 personas y hubo importantes daños en la Galleria degli Uffizi.

También se han presentado como parte civil el ayuntamiento de Palermo y otras asociaciones antimafia sicilianas como "Addiopizzo", "Giuristi democratici" o "Libera" y el hermano del juez Paolo Borsellino, Salvatore, así como familiares de Salvo Lima.

El proceso se ha abierto después de que Ciancimino asegurara que su padre le dejó antes de morir en 2002 un folio, el llamado "papello", con las 12 peticiones que el padrino de Cosa Nostra Salvatore "Totó" Riina habría hecho al Estado para poner fin a los atentados de aquellos años.

El juicio buscará también las respuestas al atentado del 23 de mayo de 1992, en el que perdieron la vida el juez antimafia Giovanni Falcone, su mujer Francesca Morvillo y tres agentes de su escolta, y al que 53 días después acabó con el también magistrado Paolo Borsellino y cinco de sus escoltas.