Una revisión independiente efectuada a la respuesta contraterrorista del gobierno estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 reportó el martes que es "irrefutable" que Estados Unidos recurrió a la tortura, y que el gobierno de George W. Bush conlleva responsabilidad.

El reporte elaborado por el Proyecto Constitución, un centro de estudios apartidista asentado en Washington, es una ambiciosa revisión al tratamiento que el gobierno de Bush dio a los problemas relacionados con la retención e interrogatorio de los detenidos luego de los ataques contra el Centro de Comercio Mundial y el Pentágono.

El informe especifica que la brutalidad ha estado presente en la guerra anteriormente, "pero que no hay evidencia de que haya habido antes la clase de discusiones analíticas y detalladas que ocurrieron luego del 11 de septiembre, que involucraban directamente a un presidente y a sus altos consejeros sobre la sensatez, decencia y legalidad de infligir dolor y martirio a algunos detenidos bajo nuestra custodia".

John Bolton, embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas durante el gobierno de Bush, calificó el reporte como "completamente alejado de la realidad" y enfatizó que los procesos fueron revisados por legistas una y otra vez.

"El propósito de la revisión que hizo el gobierno de Bush a las técnicas era que nadie fuera torturado", dijo. "La intención era justamente lo opuesto".

El Proyecto Constitución revisó la manera como los prisioneros fueron detenidos e interrogados en la Bahía de Guantánamo, Afganistán e Irak, y en las prisiones secretas de la CIA.

El reporte es producto de un estudio elaborado por dos años con base en evidencia hallada en registros públicos. Fue realizado por un grupo de trabajo bipartidista conformado por 11 expertos de una amplia gama de profesiones y perspectivas ideológicas. El Proyecto Constitución comisionó a políticos republicanos y demócratas, así como miembros del Congreso, generales jubilados, jueces, abogados y académicos.

Entre ellos se cuenta Asa Hutchinson, quien fungió como subsecretario de seguridad fronteriza y del transporte en el Departamento de Seguridad Nacional de 2003 a 2005, durante el gobierno de George W. Bush. El otro copresidente fue el ex representante demócrata James R. Jones.

Gran parte de la justificación para lo que fue llamado "interrogatorio intensificado" por algunos, pero tortura por el Proyecto Constitución, fue elaborada por John Yoo, de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia.

El reporte menciona a Albert Mora, consejero general de la Armada, como uno de los altos funcionarios inquietos por las técnicas de interrogatorio intensificado, y refiere una pregunta que le hace Yoo sobre si el presidente podría ordenar legalmente que se torturara a un detenido.

"Sí, el presidente podría autorizar la tortura, dijo que fue la respuesta de Yoo", de acuerdo con el reporte. "Yoo dijo que si las técnicas debían usarse no era una cuestión legal, sino una cuestión de política", dice el informe.

Una llamada telefónica hecha a Yoo para solicitar su comentario no fue respondida de inmediato.

Como resultado del aval del gobierno de Bush a las "técnicas de interrogación intensificada", agrega el reporte, "las fuerzas de Estados Unidos, en muchas instancias, usaron en los detenidos técnicas de interrogación que constituyen tortura. El personal estadounidense condujo un número aún mayor de interrogatorios que involucraron trato 'cruel, inhumano o degradante'''.

"Ambas categorías de actos violan las leyes de Estados Unidos y los tratados internacionales. Tales conductas contravienen directamente los valores de la Constitución y nuestra nación", agrega el reporte del Proyecto Constitución.

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En internet: Reporte del Proyecto Constitución:

http://detaineetaskforce.org/

http://detaineetaskforce.org/pdf/Full-Report.pdf