Un tribunal de justicia de Nueva York ordenó el viernes a la Argentina que explique por qué emitirá nuevos bonos en vez de cumplir con un fallo que le exige abonar 1.300 millones de dólares para enjugar deudas pendientes desde hace más de una década.

Dos días después de una audiencia oral en el caso de NML Capital Ltd. vs. Argentina, los jueces del tribunal de apelación preguntaron cómo, cuándo y a qué tasa de interés Argentina pagaría las cuotas sobre los nuevos bonos.

La presidenta Cristina Fernández se ha negado a pagar a los demandantes, a quienes califica de "fondos buitres" a los que acusa de tratar de arruinar la recuperación argentina tras su desplome económico del 2002. Pero en un discurso al Congreso el viernes, avaló la oferta de un nuevo canje de la deuda, que había anticipado en diciembre su ministro de economía Hernán Lorenzino.

Dijo que Argentina pagará a los demandantes, pero según los términos que aceptó la mayoría de los acreedores en dos canjes anteriores. Estos accedieron a proporcionar a la Argentina un significativo alivio de la deuda a cambio de nuevos bonos, que su gobierno ha pagado siempre, destacó Fernández.

La presidenta afirmó que "siempre hemos pagado lo prometido" y agregó que estaba dispuesta "a pagar a estos fondos buitre", pero no según términos superiores al 93 % "de quienes creían y apoyaban a la Argentina".

La orden del tribunal dice que "como ni los parámetros de la propuesta argentina ni su compromiso para cumplirla" están claros, "por la presente se ordena que, al 29 de marzo del 2013, Argentina someta por escrito al tribunal los términos precisos de toda fórmula alternativa de pagos y calendario que está dispuesta a cumplir".

La orden requiere que Argentina explique "(1) cómo y cuándo se propone cumplir con esas obligaciones sobre los bonos originales que han quedado impagos en los últimos 11 años; (2) la tasa a la que propone abonar las obligaciones de deuda sobre los bonos originales, y (3) qué garantías, si las hay, puede suministrar de que se adoptara la acción oficial del gobierno necesaria para implementar su propuesta, y el calendario de dicha medida".

El caso versa sobre cláusulas en los contratos originales de bonos de los años 90 en los que prometió un "tratamiento equitativo" para todos los poseedores de bonos. El juez Thomas Griesa falló que los demandantes, que se negaron a aceptar los canjes precedentes, merecen el 100 por ciento del valor nominal además de intereses sobre la deuda impaga, en parte debido a que han tenido que gastar millones de dólares en el litigio, en su esfuerzo hasta ahora infructuoso para lograr que Argentina les pague.

Griesa propuso un mecanismo sin precedente para obligar a Argentina a pagar: usar el sistema estadounidense de transferencia de fondos para desviar los pagos que Argentina ha hecho a todos los demás poseedores de bonos si no liquida antes los pasivos con los demandantes. Este mecanismo provocó una catarata de solicitudes legales de bancos estadounidenses, la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos y otras instituciones, advirtiendo que forzar a la Argentina a pagar de este modo podría causar grave daño colateral a sus intereses.

Los canjes anteriores de la Argentina ofrecieron nuevos bonos inicialmente por valor inferior a 30 centavos por cada dólar adeudado. Pero desde entonces, quienes aceptaron el acuerdo en el 2005 han recibido ya 71 centavos por cada dólar invertido en los años 90. Algunos analistas han sugerido que un nuevo canje de la deuda empezaría dando a los demandantes al menos esa cifra, para pagar después el resto en cuotas.

Sin embargo, los expertos alineados con la American Task Force Argentina, un grupo cabildero de Washington, dijo antes de la audiencia del miércoles que la oferta argentina es demasiado escasa y tardía como para ser considerada seriamente por el tribunal de apelaciones.

La orden judicial del viernes sugiere que los jueces dan por lo menos a la Argentina otra oportunidad de explicar cómo podría funcionar su ofrecimiento.

Antes de la decisión del jurado, la presidenta Fernández había advertido el viernes sobre las graves implicaciones mundiales de un eventual fallo contra Argentina.

"Esta situación de Argentina es un caso testigo no solamente económico y financiero sino político. Si el mundo, si los principales países del G20, van a permitir que un puñado que puede cabernos en una mano, arruine a todo el mundo, con millones de desocupados... Eso está en juego hoy en el mundo", dijo Fernández en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso.

Fernández reiteró que no está dispuesta a pagarle a ese grupo de bonistas lo que reclaman porque estaría cometiendo un delito y estafando a los acreedores que sí aceptaron la quita.

"Lo peor de todo es que de triunfar esta postura absurda de un 7 por ciento, Argentina volvería a quebrar", sostuvo.

Fernández también formuló ante el Congreso una fuerte defensa de la gestión económica de la última década justo en momentos en que aumenta el riesgo país y se desploman las acciones de empresas argentinas ante la incertidumbre por el fallo de una Corte de Apelaciones de Nueva York.

"Desarrollo y crecimiento son las dos palabras que mejor sintetizan estos diez años", sostuvo la mandataria.

El 25 de mayo se cumplirán diez años de kirchnerismo en el poder, que abarcan también el periodo que gobernó el fenecido esposo de Fernández, Néstor Kirchner.

"Ha sido el período de crecimiento económico más sostenido en nuestros 200 años de historia... Esta ha sido una década ganada por todos los argentinos. No lo digo en términos electorales sino en términos de recuperación social", destacó la presidenta.

La bolsa de Buenos Aires caía el viernes 2,12%, mientras el riesgo país se elevaba más del 10% ante la incertidumbre sobre el futuro de la economía argentina.

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El periodista de la AP, David Carusso, contribuyó con este despacho desde Nueva York.