La situación de derechos humanos en el penal estadounidense de Guantánamo (Cuba), la libertad de expresión en Ecuador y las denuncias de desapariciones forzadas en América centrarán este mes la atención de la CIDH en audiencias públicas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará del 11 al 16 de marzo un total de 63 audiencias relacionadas con denuncias sobre violaciones de derechos humanos en todo el continente americano, según informó hoy el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, en conferencia de prensa.

Colombia y México, los dos países que presentan más denuncias ante la CIDH, acaparan el mayor número de audiencias en este periodo, con un total de 6, mientras que Estados Unidos, Guatemala, Perú, Haití, Honduras y Perú cuentan con cuatro cada uno.

En 2006, la CIDH se convirtió en el primer organismo internacional en pedir el cierre de la prisión de Guantánamo y para este periodo ha programado una audiencia sobre los derechos humanos en el penal, el lunes 11.

"La CIDH fue la primera organización internacional que hizo referencia al tema de Guantánamo, y queremos seguir con ello", indicó Álvarez.

Estados Unidos también protagonizará una audiencia sobre la trata de personas en el país y otra sobre las prácticas de contratación de trabajadores agrícolas, un tema que "muy probablemente va a estar en la discusión sobre la reforma migratoria" que han iniciado el Gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso, según Álvarez.

"Es una forma para la CIDH de aproximarse al tema de la reforma migratoria desde su ámbito de competencia", apuntó.

La situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador centrará el día 12 otra audiencia que se prevé polémica, dadas las críticas que ese país ha dirigido a la CIDH desde que esta otorgó medidas cautelares para los cuatro enjuiciados -y posteriormente perdonados- en el caso contra el diario ecuatoriano El Universo.

Venezuela, otro de los países críticos con la CIDH, centrará tres audiencias públicas el sábado 16: una sobre las personas privadas de libertad en el país y dos sobre los derechos humanos en general, una de ellas solicitada expresamente por el Gobierno de Hugo Chávez.

Ese mismo día, 33 organizaciones de todo el continente, la mayoría colombianas y mexicanas, expondrán sus denuncias sobre la persistencia de las desapariciones forzadas en Latinoamérica.

"Es una gran coalición de organizaciones que va a argumentar que las desapariciones forzadas no son una práctica exclusiva de las dictaduras", explicó Álvarez. "Y nos interesa tomar nota, porque las desapariciones forzadas son violaciones de lesa humanidad", agregó.

La situación de los presos y de la libertad de expresión en Cuba se analizarán en otras dos sesiones el lunes 11, junto a casos sobre los derechos humanos en Perú, Chile y Brasil y a una audiencia sobre la "pena de muerte en las Américas" en la que expondrán representantes de Ecuador, México, Costa Rica y Panamá.

La reforma al fuero militar aprobada en diciembre pasado en Colombia, sobre la que la CIDH ha expresado su preocupación, se tratará el jueves 14 de marzo en una audiencia sobre "reformas constitucionales y derechos humanos" en el país andino.

La Comisión, que visitó Colombia en pleno en diciembre, está elaborando un informe al respecto y tomará nota para ello de esa audiencia sobre la justicia militar y otras cinco, sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales y derechos de los indígenas, mujeres, mujeres afrodescendientes y defensores de los derechos sexuales.

El Gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto presentará su plan sobre derechos humanos en otra audiencia ese jueves y México también centrará una sesión sobre el derecho a la privacidad de los presos y el debido proceso, en la que podría tocarse el caso de la francesa Florence Cassez, liberada en enero por irregularidades procesales.

El conflicto que se creó en Bolivia por la construcción de una carretera que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se tratará además el viernes 15, cuando algunos indígenas afectados acudirán ante la Comisión.