El Gobierno español decidió hoy reformar el servicio exterior, por considerar que "ha crecido enormemente" sin una normativa, y para conseguir una mayor coordinación, coherencia, ahorro y una mejor proyección del país, sus empresas y productos.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jose Manuel García-Margallo anunciaron que el Consejo de Ministro celebrado hoy aprobó enviar al Parlamento un anteproyecto de ley sobre esta reforma.

El objetivo es saber "qué nos interesa, por qué se actúa y cómo se debe actuar", dijo la vicepresidenta, al referirse a la necesidad de redefinir una estrategia exterior con procesos de evaluación anual para comprobar si se han cumplido los objetivos.

Con esta ley se pretende "hacer una diplomacia del siglo XXI cuando tenemos unos esquemas de los primeros años del siglo XX", destacó por su parte el jefe de la diplomacia española, quien se refirió a la proliferación de las acciones en el exterior y en numerosos ámbitos por parte de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, el ministro explicó que cuando el actual gobierno español del conservador Partido Popular (PP) llegó al poder hace poco más de un año había 166 oficinas de comunidades autónomas españolas fuera del país.

La ley buscará poner orden esta "situación caótica", heredada del anterior gobierno socialista, dijo el ministro al subrayar que "hay que coordinar y ahorrar" e invitó a las administraciones de las comunidades autónomas a "trabajar juntos" con el Ejecutivo central en el exterior.

España también planea compartir representaciones con países de Iberoamérica.

"Allí donde un país iberoamericano o España considere que no se justifica la existencia de una representación propia, intentaremos firmar convenios de colaboración", explicó recientemente el ministro.