Los magistrados peruanos han reducido las excarcelaciones otorgadas por beneficios penitenciarios de 800, hasta el año pasado, a 100 mensuales con las reformas emprendidas en la administración de justicia para reforzar la seguridad ciudadana, declaró hoy el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza.

El también titular de la Corte Suprema de Justicia añadió que los delincuentes reincidentes, que son detenidos en la actualidad, están libres porque cumplieron sus sentencias o recibieron beneficios penitenciarios antes de abril del año pasado, cuando se aplicaron las reformas.

La legislación en seguridad ciudadana es uno de los temas de debate en la opinión pública, a raíz de los asaltos y crímenes cometidos en las principales ciudades del país.

Un reciente asalto en una notaría de Lima, a escasos metros de establecimientos policiales y que dejó una persona muerta, además de varios crímenes en la capital con gran resonancia en los medios, han generado los pedidos de renuncia para el director de la policía, general Raúl Salazar.

Mendoza informó que 98 policías han presentado reclamaciones para ser repuestos en sus cargos, después de haber sido dados de baja por haber cometido presuntamente un delito.

No obstante, sólo 10 pedidos de reposición fueron aprobados por el Poder Judicial después de haber sido absueltos en sus procesos penales.

Mendoza hizo estas declaraciones después de reunirse con el presidente del Congreso, Víctor Isla, a quien pidió se acelere la aprobación del proyecto de ley integral sobre seguridad ciudadana, que plantea reformas en el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y su Reglamento, para enfrentar la delincuencia.

El proyecto contiene reformas referidos a la reiterancia, reincidencia, habitualidad en los delitos, delitos de marcaje y reglaje (seguimiento), redes de delincuencia, intervenciones telefónicas, allanamientos y nuevas formas delictivas que no están contempladas en la legislación vigente.

"Todo esto tiene que ser ajustado para que guarde la legalidad que corresponde, y permita a los jueces sancionar con la mayor rigurosidad, que es la política del Poder Judicial. Crímenes o delitos de alta peligrosidad deben ser sancionados con la mayor drasticidad", afirmó Mendoza.