Un ex ministro de Defensa de El Salvador admitió el miércoles su responsabilidad en abusos contra civiles durante la guerra civil y afirmó que no pudo poner fin a las violaciones a los derechos humanos debido a las divisiones que existían dentro de las fuerzas armadas.

El general José Guillermo García Merino aseguró que aunque hizo "todo lo posible para quitar ese tipo de actitudes de algunos miembros" militares, las diferencias ideológicas entre los sectores de derecha y de izquierda "crearon un conflicto que hacía difícil el control de todos los hechos que pasaban".

García efectuó sus declaraciones en el último día del juicio de deportación que enfrenta en un tribunal de inmigración del centro de Miami, al ser interrogado por el juez Michael Horn.

El gobierno de Estados Unidos busca deportar a García bajo acusaciones de que "ordenó, incitó, ayudó o de alguna manera participó en torturas y muertes extrajudiciales" mientras fue ministro de Defensa, entre 1979 y 1983.

El departamento de Seguridad Interna fundamentó su pedido de repatriación en una ley aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2011, que permite la acusación y procesamiento de presuntos represores extranjeros.

A lo largo del juicio el gobierno intentó demostrar que García no hizo nada para frenar los asesinatos y matanzas extrajudiciales, ni para investigarlos.

El juez Horn anunció al finalizar la audiencia del miércoles que ambas partes deberán presentar sus alegatos finales por escrito el 3 de junio, y cada una tendrá también luego tiempo hasta el 5 de julio para responder al alegato de la otra parte. Posteriormente el magistrado emitirá su veredicto por escrito, pero no existe un plazo máximo para que lo haga.

García, que lucía tranquilo y habló con voz firme y alta, tiene derecho de apelar la decisión del juez. El proceso de deportación podría llevar años antes de que quede resuelto, y las apelaciones podrían incluso llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Una ley de amnistía aprobada en El Salvador en 1993 impide que García y otros militares que participaron en violaciones a los derechos humanos puedan ser juzgados en su país.

La guerra civil en El Salvador (1980-1992) dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.