BP no implementó un nuevo plan de seguridad en la desventurada plataforma de perforación petrolera Deepwater Horizon a pesar de que la compañía estaba al tanto de que una fuga en el Golfo de México era su mayor peligro, declaró el martes un testigo a nombre de las personas y empresas que han demandado a la empresa.

Robert Bea, profesor de Ingeniería de la Universidad de California en Berkeley, fue el primer testigo en un juicio civil para determinar cuánto más deben pagar BP y otras empresas por el derrame. Bea dijo que BP PLC no implementó un programa de gestión de seguridad de dos años antes en la plataforma que explotó en el Golfo de México en 2010

"Es un error clásico de gestión y liderazgo en BP", dijo Bea, ex asesor de BP quien también investigó el derrame del Exxon Valdez en 1989 y la ruptura de los diques en Nueva Orleáns después del huracán Katrina en 2005.

La compañía, con sede en Londres, dijo que s "Sistema de Gestión Operativa" se creó para impulsar un enfoque riguroso y sistemático a la seguridad y la gestión de riesgos. Pero sólo lo implementó en una de siete plataformas que la empresa tenía o arrendaba en el Golfo.

Bea dijo que fue "trágico" y "atroz" que BP no aplicara su propio programa de seguridad a la plataforma Deepwater Horizon antes de que el vertido del pozo petrolero Macondo provocara la explosión que mató a 11 trabajadores y generó un derrame masivo. La compañía Transocean era la propietaria de la plataforma y BP la tenía arrendada.

Un abogado de los demandantes que interrogó a Bea le mostró una transcripción de una declaración jurada de Tony Hayward, quien en el momento del desastre era presidente ejecutivo de BP. A Hayward le preguntaron si el mortal derrame del 20 de abril de 2010 pudiera haberse evitado si BP hubiese implementado el programa de gestión de seguridad.

"Hay un potencial posible", dijo Hayward. "Indudablemente".

Una de las grandes interrogantes que enfrenta el juez de distrito federal Carl Barbier, quien preside el caso, que es sin jurado, es si BP se comportó con negligencia grave.

Según la Ley de Agua Limpia, se puede obligar a pagar a un contaminados un mínimo de 1.100 dólares por barril de petróleo vertido; las multas casi se cuadriplican a unos 4.300 dólares por barril si se concluye que las empresas se comportaron con negligencia grave, lo que significa que BP pudiera tener que pagar casi 18.000 millones de dólares.