La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay amaneció hoy rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad ante la manifestación convocada por el partido oficialista en contra del fallo judicial que declara inconstitucional una ley que evitaba la prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985).

Según pudo constatar Efe, la policía uruguaya valló los accesos por dos calles distintas al edificio del alto tribunal, ubicado en un pasaje de la Plaza Cagancha, en el centro de Montevideo.

Junto a las vallas, una docena de uniformados custodian las vías de entrada al edificio, pese a que la manifestación ha sido convocada para las 18.00 horas locales (20.00 GMT).

Según la convocatoria emitida el viernes por el bloque izquierdista Frente Amplio (FA), la marcha de protesta será "silenciosa" y es secundada por la central sindical PIT-CNT y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, aunque se espera que se sumen otras organizaciones de derechos humanos.

El motivo de la acción es un fallo emitido ese día por la SCJ en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos coroneles contra una ley aprobada en 2011 por el FA que invalidaba la Ley de Caducidad o de amnistía, aprobada en 1986 y ratificada en las urnas en 1989 y 2009.

La Suprema Corte de Justicia consideró procedente el recurso con una decisión que en el fondo significa el archivo de las causas judiciales por los crímenes cometidos por militares y policías durante el período dictatorial.

Además de la manifestación, la corriente del presidente José Mujica en el bloque gubernamental, el Movimiento de Participación Popular, ha anunciado que impulsará "acciones legales" en el Parlamento contra los miembros del alto tribunal, que considera "responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay".

La disputa entre el partido oficialista y el alto tribunal llega tras varios incidentes previos entre el Gobierno y sus aliados, por un lado, y la Suprema Corte de Justicia, por el otro.

Esta semana la SCJ declaró también inconstitucional una ley impulsada por el oficialismo que pretendía evitar la concentración de la tierra en el país y el pasado día 15 el alto tribunal trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, que en la actualidad tenía a cargo medio centenar de expedientes del período.

Precisamente para evitar que esa magistrada asumiera su cargo el pasado 15, decenas de activistas de derechos humanos ocuparon la Suprema Corte durante varias horas, hasta que fueron desalojados de forma pacífica por la policía y se pudo realizar la ceremonia.

También en contra del traslado de Mota, el FA convocó a los miembros de la SJC al Legislativo para que dieran explicaciones sobre el dictamen judicial, posibilidad que estos últimos rechazaron y que la oposición consideró una violación de la separación de poderes.