Los expresidentes uruguayos Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005) denunciaron hoy de forma conjunta el "retorno de actitudes antidemocráticas" en el oficialismo por sus críticas a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En un comunicado, los exmandatarios, tres de los cuatro presidentes que tuvo Uruguay desde la restauración de la democracia, alertaron de que la actitud del Frente Amplio (FA), coalición que gobierna desde 2005, puede "arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse".

Los políticos, de los derechistas partidos Nacional y Colorado, criticaron así tanto las protestas contra la SCJ por el traslado a una corte civil de la jueza Mariana Mota, que estaba a cargo de numerosos casos por crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), como por el fallo que el pasado viernes declaró inconstitucional una norma que impedía la prescripción de crímenes cometidos en ese período.

Por esta última decisión, el FA convocó una marcha de protesta que se realizará en la tarde de hoy, mientras en su seno se expresaron voces para pedir un juicio político contra el Alto Tribunal.

Además, también se realizó un pedido, que no fue atendido, para que los responsables de la SCJ acudieran al Parlamento a explicar sus últimas decisiones.

"No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial", afirmaron los ex presidentes en su nota.

Los políticos, cuyos partidos gobernaron Uruguay ininterrumpidamente desde 1865 hasta el triunfo electoral del FA en 2005 de la mano de Tabaré Vázquez (2005-2010), consideraron una herida a "la conciencia republicana" las críticas por el traslado de la jueza Mota por vulnerar la separación de poderes.

Asimismo, consideraron "inadmisible" que el FA siga defendiendo la eliminación de la Ley de Caducidad, que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura y que la norma recientemente declarada inconstitucional hacía inaplicable, pese a que la ciudadanía en dos ocasiones decidiera en referéndum mantenerla.