El Ministerio Público ratificó hoy la competencia del fiscal Jalil Rachid en el proceso contra 14 campesinos por la matanza de Curuguaty (noreste), que provocó la destitución del presidente Fernando Lugo en junio pasado.

Rachid fue confirmado en el caso por medio de un dictamen emitido por el fiscal adjunto, Alejo Vera, que rechazó la recusación presentada contra ese agente del Ministerio Público por los abogados de los 14 procesados, informó a Efe una fuente de la Fiscalía.

La recusación del fiscal, así como la del juez del caso, José Benítez, obligó el día 14 pasado a la suspensión de la audiencia preliminar que debía realizarse en la ciudad de coronel Oviedo, a 120 kilómetros al este de Asunción, para definir la convocatoria a juicio.

La fuente explicó que los abogados de los campesinos tienen ahora un plazo de tres días para recurrir el dictamen de Vera ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, uno de los abogados de los campesinos, Guillermo Ferreiro, dijo en declaraciones reproducidas por Última Hora que "recurrirán a todas las instancias", al momento de advertir que Rachid "actúa con parcialidad" en el caso.

La fuente de la Fiscalía mencionó que para que se pueda llevar a cabo la audiencia preliminar para definir la posible convocatoria a juicio, también se debe expedir un Tribunal de Apelaciones sobre la recusación presentada contra el juez del caso.

Unos 14 campesinos fueron procesados tras la muerte de seis policías y once labradores en un tiroteo durante una operación policial de desalojo, el 15 de junio pasado.

El enfrentamiento se produjo entre grupos de campesinos "sin tierras" y agentes policiales en una finca de Curuguaty que se disputan el Estado y los familiares del ya fallecido empresario Blas N. Riquelme.

Esa masacre, sin precedentes en la lucha por la tierra en el país, fue el principal detonante del controvertido juicio político promovido por el Legislativo, que concluyó con la destitución de Lugo y la asunción a la Presidencia del entonces vicepresidente, Federico Franco, el 22 de junio pasado.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados", mientras que los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron asesinados por "expertos tiradores" y no por los campesinos.