Los Veintisiete y la Eurocámara han cerrado hoy un acuerdo sobre dos reglamentos que permitirán a la Comisión Europea vetar los proyectos presupuestarios de los países de la zona euro y que establecerán una mayor supervisión de los Estados que experimentan graves turbulencias financieras.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, afirmó en rueda de prensa que el acuerdo, alcanzado tras un año de negociaciones, se hará efectivo para el ejercicio fiscal de 2014.

La primera de las dos normas establece mayor vigilancia y asesoramiento de los borradores de los proyectos presupuestarios de los países del euro, especialmente de aquellos que están bajo el procedimiento por déficit excesivo.

La segunda prevé una supervisión reforzada de los países de la zona euro que experimentan graves turbulencias financieras o solicitan un rescate.

Los Estados miembros tendrán que someter cada año antes del 15 de octubre sus proyectos presupuestarios para el ejercicio siguiente al estudio del Consejo y de la CE.

Este proyecto y los planes nacionales a medio plazo deben basarse en previsiones macroeconómicas independientes y los países tendrán que crear organismos independientes que supervisen el cumplimiento de las reglas presupuestarias relativas al equilibrio presupuestario.

La CE emitirá un dictamen antes de cada 30 de noviembre sobre el proyecto presupuestario y si constata un incumplimiento especialmente grave de las obligaciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pedirá al país que revise las cuentas.

Los países tendrán que informar con antelación a la Comisión y al Eurogrupo de sus planes de emisión de deuda nacional y también de cualquier plan de reforma importante de la política presupuestaria.

En el caso de los Estados miembros rescatados o con graves problemas, se establecen supervisiones estrechas de la CE, prorrogables cada seis meses, visitas periódicas al país e informes trimestrales sobre la situación del Estado afectado.

La información que tendrá que suministrar el país miembro afectado sobre la situación financiera y macroeconómica se mantendrá confidencial para no desatar reacciones negativas en los mercados.

Si se concluye que se requieren nuevas medidas y que la situación financiera de un país amenaza la estabilidad de la zona euro, el Consejo por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión podrá recomendar un programa de ajuste macroeconómico.

El acuerdo ha sido posible al aceptar la CE incluir una declaración formal en la que se compromete a crear un grupo de expertos para estudiar los posibles méritos, riesgos, requisitos y obstáculos a la emisión parcial de deuda común de los países de la zona euro en la forma de un fondo de amortización y euroletras.

El resultado del estudio estará listo en marzo de 2014 y tras estudiar sus conclusiones, la CE hará propuestas si fuera apropiado antes del fin de su mandato.

El Parlamento Europeo ha logrado además introducir en los textos que los recortes presupuestarios no pueden estrangular las inversiones en áreas como la educación y la atención sanitaria, ni el potencial de crecimiento y la generación de empleos.

Para ello los Estados miembros tendrán que detallar cuáles de sus inversiones pueden apuntalar el crecimiento y el empleo, y la CE tendrá que aplicar un calendario de reducción del déficit más flexibilidad en circunstancias excepcionales o en crisis graves.

La socialdemócrata portuguesa Elisa Ferreira, ponente de uno de los reglamentos, explicó que la CE analizará para ello hasta julio vías que permitan al Pacto de Estabilidad y Crecimiento dar más margen para tener en cuenta este tipo de inversiones.

Hasta finales de año el Ejecutivo comunitario desarrollará además un sistema para otorgar apoyo financiero a países a fin de que acometan reformas que impulsen su competitividad.

El acuerdo tiene que ser aprobado ahora por el pleno del Parlamento, previsiblemente en la segunda semana de marzo.