A tres días del primer aniversario de una de las mayores tragedias ferroviarias de Argentina, un juez elevó hoy a juicio oral y público la investigación sobre el accidente, que tiene como principales imputados a los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

Schiavi, Jaime y otros 26 acusados deberán responder ante el Tribunal Oral Federal número 1 de Buenos Aires por el siniestro que causó 51 víctimas fatales y más de 700 heridos.

El accidente ocurrió en plena hora punta matinal del 22 de febrero de 2012, cuando un tren procedente de la localidad bonaerense de Moreno -en la línea Sarmiento- se empotró contra un andén de la estación de Once, una de las más transitadas de Buenos Aires.

Los exsecretarios de Transporte argentinos están imputados por descarrilamiento culposo agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y defraudación contra la administración pública, informó hoy el Centro de Información Judicial.

El juez a cargo de la instrucción, Claudio Bonadio, dictó también el procesamiento del conductor del tren siniestrado, Marcos Antonio Córdoba, y de los hermanos Mario y Claudio Sergio Cirigliano, dueños de la empresa concesionaria de la línea Sarmiento en el momento del accidente, Trenes de Buenos Aires (TBA).

En la etapa de investigación, la Justicia concluyó que el servicio de esta línea se prestaba con "graves deficiencias" por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.

Seis días después del siniestro, el Gobierno argentino intervino TBA y en mayo pasado le retiró la licencia de explotación de las líneas Sarmiento y Mitre a raíz del "deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante y deterioro de la capacidad y calidad de los servicios prestados".

Familiares y amigos de los fallecidos en la tragedia de Once han convocado para el próximo 22 de febrero una marcha hacia la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, para reclamar justicia.

Además de la causa por el accidente, otro juez, Sebastián Ramos, abrió en diciembre pasado otra investigación sobre el destino de los millonarios subsidios que el Estado pagaba a TBA.