El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo hoy que España es la "única defensora" en la UE de la "generosa" cooperación que se mantiene con Bolivia y anunció que el gubernamental Partido Popular preguntó a las instituciones europeas si creen que esa política puede continuar tras las expropiaciones.

En declaraciones a los periodistas en el Senado (cámara alta), García-Margallo no quiso responder a la pregunta de si España podría revisar su política bilateral de cooperación al desarrollo con La Paz.

El ministro pidió esperar hasta que esta tarde hable con el canciller boliviano y hasta que mañana la embajadora en Madrid, Carmen Almendras, ofrezca explicaciones al Ministerio de Exteriores, que la ha convocado.

"Actuaremos en consecuencia", se limitó a responder, después de explicar que se trata de asuntos "extraordinariamente delicados" en los que ha que proceder con "paciencia".

Tras la decisión del gobierno de Evo Morales de nacionalizar Sabsa, filial de Abertis y participada por AENA, la cancillería española anunció ayer que España replanteará su relación bilateral con el país andino y que adoptará también medidas en el seno de la Unión Europea.

Según explicó García-Margallo, ya se han dado los primeros pasos ante los socios comunitarios.

Un eurodiputado español del PP ha registrado sendas preguntas a la Comisión Europea y al Consejo de la UE en las que subraya que la expropiación es "un ataque a una empresa europea", y recuerda que ha habido compañías de otros países afectadas por la política de nacionalizaciones de Morales, "que no se corresponde con los beneficios que la UE da a Bolivia".

El europarlamentario ha preguntado a las instituciones comunitarias si creen que el acuerdo preferencial en materia aduanera y la "más que generosa" política de cooperación que Europa mantiene con Bolivia pueden seguir si continúan las expropiaciones.

Además de pedir que se cuantifiquen las ventajas que las políticas europeas suponen para Bolivia, el diputado ha instado a la Comisión y al Consejo de la UE a explicar las medidas que van a adoptar para que las empresas expropiadas tengan una indemnización justa.