El expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo compareció hoy ante los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en la primera audiencia para la confirmación de los cargos de lesa humanidad que pesan en su contra.

En las próximas dos semanas, las partes harán sus alegaciones y el 28 de febrero, la última jornada de esta fase previa al juicio, el acusado hará una declaración antes de que los jueces de la CPI decidan si confirman los cargos de lesa humanidad por asesinato, violación, represión y delitos de lesiones, indicaron fuentes jurídicas.

La Fiscalía le acusa de haber participado como coperpetrador indirecto en esos crímenes entre el 16 e diciembre de 2010 y el 12 de abril de 2011, coincidiendo con la represión de las manifestaciones que tuvieron lugar en el país africano cuando Gbagbo quiso mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones presidenciales que ganó Alessane Ouattara.

En concreto, el ministerio Fiscal le considera responsable indirecto de los asesinatos de 166 personas, 34 violaciones, 94 delitos de lesiones y la represión por razón de ideología política, etnia o creencias religiosas de 294 marfileños.

La confirmación de cargos "no es un juicio en sí misma", sino la constatación de que existen pruebas suficientes para sustentar la celebración de un juicio contra el acusado, indicó la presidenta del tribunal, Silvia Fernandez de Gurmendi, al inicio de la audiencia.

Gbagbo, que afrontó la audiencia tranquilo, vestido con traje azul marino, saludó al público, a la prensa y a las otras partes presentes en la sala, según se pudo ver en la retransmisión diferida de la audiencia en la página web de la CPI.

La defensa de Gbagbo inició sus alegatos negando la autoridad de la CPI para juzgar al ex presidente, señalando que debería ser la Justicia de Costa de Marfil la competente para ver el caso, una cuestión prejudicial que en el pasado ya fue rechazada por este tribunal internacional.

El político africano, de 68 años, es el primer exjefe de Estado en custodia de la CPI, ya que los otros dos mandatarios sobre los que esa corte ha emitido órdenes de arresto o no han sido detenidos, como es el caso del presidente de Sudán Omar al Bachir, o han muerto, como ocurrió con el derrocado líder libio Muamar el Gadafi.