La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró inconstitucional una de las leyes más polémicas impulsadas por el presidente José Mujica para gravar de forma progresiva la tenencia de tierras y evitar así la concentración de la propiedad agraria, informaron hoy fuentes judiciales.

En una resolución difundida este lunes en su página web la SCJ señaló que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) incumplía en dos de sus artículos los preceptos recogidos en la Constitución y la consideró que es inaplicable, una decisión que golpea duramente al Ejecutivo, que había hecho de la norma uno de los ejes de sus políticas para el desarrollo.

El ICIR fue aprobado a finales de 2011 para gravar especialmente y de forma progresiva con un recargo de entre 8 y 16 dólares por hectárea a los propietarios de campos superiores a las 2.000 hectáreas de extensión.

El plan era recaudar anualmente unos 60 millones de dólares para reparación los caminos rurales y carreteras del interior de la pequeña nación sudamericana, de 3,3 millones de habitantes.

Se estimaba que el impuesto afectaba a unos 1.200 productores rurales, aproximadamente el 2,5 por ciento de los más de 47.000 que existen en el país, que sin embargo poseen el 36 por ciento del terreno agrícola de Uruguay.

Este impuesto fue rechazado por los productores afectados, que interpusieron la demanda de inconstitucionalidad.

La resolución judicial, cuyos alcances se filtraron a la prensa la semana pasada, llevó al presidente Mujica y a su formación política, el Frente Amplio (FA), a señalar que si bien la decisión judicial "será acatada", pedirán una reforma de la Constitución para poder gravar la tenencia de tierras.

"Al parecer la Constitución se opondría a que pague más el que más se beneficia. Entonces, habrá que plantearse cambios constitucionales", afirmó Mujica en una declaración radial.

Esta decisión judicial ha servido además para elevar la tensión entre el Gobierno y la SCJ, cuya relación se ha deteriorado durante la última semana por otras razones.

Varios medios de prensa han publicado que el alto tribunal pretende también declarar inconstitucional la ley que impidió la prescripción de los crímenes cometidos por los militares y policías durante la dictadura militar (1973-1985) y eliminó en la práctica la polémica Ley de Caducidad, que evitaba los juicios por esos delitos.

La SCJ ordenó, además, el traslado de la Justicia Penal a la Civil de la jueza Mariana Mota, clave en la lucha contra la impunidad de la dictadura por los 50 expedientes que tenía a su cargo y responsable de haber condenado en febrero de 2010 a 30 años de prisión al ex dictador Juan María Bordaberry.

Defensores de los derechos humanos llegaron a ocupar la sede del alto tribunal en protesta durante tres horas el pasado viernes.

La medida fue justificada como un ascenso por los miembros de la SCJ, uno de los cuales reconoció que también se tuvieron en cuenta los "antecedentes" de la jueza, a la que se acusó de participar en una marcha de familiares de las víctimas de la dictadura.

El FA ha pedido una explicación de la Suprema Corte de Justicia ante el Parlamento, opción que no está recogida en la Constitución y que ha sido considerada por la oposición como un "golpe de Estado" institucional porque viola supuestamente la independencia judicial.