El juez argentino que investiga la presunta malversación de millonarios fondos que el Estado otorgó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales dijo hoy que se detectaron "muchas irregularidades" en el manejo de la fundación.

"Hay muchas irregularidades que advierten organismos altamente capacitados", dijo a periodistas el juez Norberto Oyarbide, a cargo del caso.

El magistrado dispuso este jueves el procesamiento con prisión preventiva del exapoderado de la fundación Sergio Schoklender, de su hermano Pablo y del contable Alejandro Gotkin, por presunta "asociación ilícita y administración fraudulenta".

Oyarbide dictó además el procesamiento de otras 43 personas y la falta de méritos para otras 22 y dispuso la convocatoria a declaración indagatoria de la exministra de Economía argentina (2005-2007) Felisa Miceli, quien trabaja como contable de la fundación y en diciembre pasado fue condenada a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado.

El juez precisó hoy que, como parte de la investigación judicial, la Policía detectó un déficit en la fundación de 183 millones de pesos (36,6 millones de dólares) al 30 de mayo de 2012.

Asimismo, señaló que el Banco Central argentino "encontró en los balances de la fundación estudios contables con irregularidades que superan los 25 millones de pesos" (5 millones de dólares).

Además, según el juez, el Banco Central estipuló "con toda claridad que los hermanos Schoklender manejaron entre 2009 y 2011 fondos por 1.126 millones de pesos (225,2 millones de dólares).

Según el magistrado, de las investigaciones también se desprende una presunta evasión impositiva por 146 millones de pesos (29,2 millones de dólares).

Los hermanos Schoklender y Gotkin están acusados de integrar una sociedad ilícita dedicada a desviar fondos públicos para el plan de construcción de viviendas "Sueños Compartidos", llevado adelante por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En sus declaraciones el año pasado ante el juez, los hermanos Schoklender negaron ser organizadores de una asociación ilícita y responsabilizaron a Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, por todas las decisiones que se tomaban en la fundación, acusaciones que han sido rechazadas por Bonafini.

El "caso Schoklender", que estalló en 2011, ha dado lugar a la apertura de otra investigación por presunto lavado de dinero en manos del juez federal Sergio Torres.

El escándalo desató, además, medio centenar de demandas presentadas por trabajadores y proveedores de la fundación humanitaria en tribunales comerciales por falta de pago de sus respectivos servicios.

Asimismo, suscitó duras críticas de la oposición hacia el Gobierno de Cristina Fernández por la supuesta falta de controles en el otorgamiento de fondos públicos a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo.